Los padres de Marcelita Iglesias piden un veredicto de la Corte Interamericana

Para obtenerlo, Eduardo y Nora necesitan el visto bueno de una instancia previa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, después de una década y media de corrupción e impunidad, los responsables del crimen planean nuevos negocios ilícitos en lugar del hecho. La niña tenía 6 años cuando murió aplastada por una gigantesca escultura colocada ilegalmente en los bosques del barrio porteño de Palermo, el 5 de febrero de 1996.

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Las fotos que acompañan esta nota fueron tomadas el 2 de julio de 2011; muestran las obras ilegales en el Paseo Marcela Brenda Iglesias de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la ley lo prohíbe, los responsables de la muerte de la niña quieren crear un Polo Gastronómico y que les otorguen la concesión hasta 2020.
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El tamaño de la bola de nieve depende de cuánto pueda girar.
Aunque empiece con las dimensiones de un carozo, si tiene suficiente recorrido es capaz de provocar un desastre.
Con esta misma lógica, la muerte de Marcela Brenda Iglesias -una inocente niña de seis años, nacida y crecida en un hogar de clase media-, después de muchas temporadas de impunidad y corrupción, tiene dimensiones jurídicas tan notables que se encuentra fuera las fronteras argentinas.
Actualmente, la causa espera respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington.
El siguiente paso sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica.
"Queremos llevar el caso a la Corte Interamericana", dice Eduardo Iglesias, el papá de Marcelita.
"Continuaremos reclamando hasta que los responsables de la muerte de nuestra hija sean juzgados y sancionados", dice Nora, mamá de la víctima e integrante de la Asociación Civil Madres del Dolor.
La única hija de ambos paseaba con otros chicos por un espacio público del Parque Tres de Febrero, en el barrio porteño de Palermo, el 5 de febrero de 1996, cuando perdió la vida en circunstancias tan absurdas como criminales.
En plena excursión de la colonia de verano, una gigantesca escultura de hierro de 270 kilos se desplomó sobre ella y dos compañeritas.
Marcela murió en el acto; las otras dos niñas recibieron heridas de diversa gravedad, pero milagrosamente se salvaron.
Al ruido ensordecedor que provocaron el derrumbe del inmenso monstruo metálico y los gritos de quienes presenciaron impotentes aquel horror, siguió un silencio aún más insorportable.
Porque, desde entonces, en el hogar que Edu y Norita construyeron en el barrio porteño de Villa Lugano, faltan la risa pícara y los comentarios desopilantes de su hijita.
Y porque los responsables materiales, políticos y judiciales, de todas las instancias posibles, incluida la Corte Suprema de Justicia -el máximo tribunal de la Argentina-, hicieron mutis por el foro, olímpicamente: tras una década y media, el caso no tiene condenados ni procesados.

El recorrido hacia el desastre
Desde el año 2007, por decisión de la Ciudad, las veredas del ex centro comercial -actualmente clausurado- se llaman Paseo Marcela Brenda Iglesias.
Pero aquel soleado 5 de febrero de 1996, la escena del crimen tenía el nombre anterior: Paseo de la Infanta.
El espacio, que ocupaba los arcos del viaducto ferroviario que dan al cruce de Avenida del Libertador y Marcelino Freyre, era de por sí ilegal, porque nunca tuvo habilitación.
La bola de nieve ya estaba girando, con el guiño cómplice de los responsables estatales.
Allí, los acaudalados Mauricio y Diana Lowenstein, dueños de Panter SRL, habían instalado un comercio también irregular, que consistía en la explotación de un espacio público con fines privados.
De forma igualmente ilícita, el matrimonio ocupó el espacio verde contiguo con una muestra de doce esculturas al aire libre.
Éstas, por si fuera poco, carecían de las obligatorias medidas de mantenimiento y seguridad.
Una de esas obras, del artista plástico Danilo Danziger, era la inmensa mole de hierro vertical de 270 kilos, que se sostenía en pie con escasas y endebles soldaduras.
Seguramente, el gigante demoró un tiempo hasta que cedió por efecto del óxido y de su propio peso.
Los Lowenstein, el creador de la obra y los burócratas involucrados podrían haber salvado su pellejo, pero no lo hicieron.
La cuestión es que cuando Marcelita Iglesias encontró la muerte caminando por el lugar con los otros niños de la colonia de verano, la bola de nieve de la corrupción y la impunidad ya había hecho un larguísimo recorrido.
Pero, a partir de ese momento, continuaría girando hasta convertirse en un desastre aún mayor, que Eduardo y Nora Iglesias sobrellevan y denuncian con una tenacidad asombrosa.
Las numerosas e incontrastables pruebas del asesinato pasaran ante la mirada indiferente de todas las instancias judiciales argentinas, incluída la Corte Suprema, que declaró el caso "insustancial y carente de trascendencia".
Paralelamente, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo promulgaron la ley 25.990, que disminuye los plazos de prescripción de las causas judiciales con efecto retroactivo; y el caso de Marcelita Iglesias cayó en la volteada.
Entonces, desamparados por su propio país, Eduardo y Nora presentaron una causa contra el Gobierno Argentino en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la intención de llegar a la instancia superior, la Corte Interamericana.
Mientras tanto, sin que nadie haga nada para detenerla...

La bola sigue girando
Después de una década y media de corrupción e impunidad a cara descubierta, los responsables del crimen planean nuevos negocios ilícitos en lugar del hecho.
Esta es la carta que Eduardo y Nora Iglesias le enviaron a Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte de la Nación, el 1º de junio de 2011, y de la que todavía esperan una respuesta.
Secretario de Transporte de la Nación.
Señor Juan Pablo Schiavi.
En referencia al Parque Tres de Febrero, Arcos del Viaducto Infanta Isabel, entre Avenida del Libertador y Marcelino Freyre.
Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo, padres de Marcela Brenda, queremos expresarle nuestra más profunda indignación ante el atropello que significa para nosotros y gran parte de la sociedad, que vuelvan a reproducirse las mismas condiciones en el espacio público, que determinaron la muerte de nuestra hija hace 15 años.
Nosotros continuamos reclamando para lograr que los responsables de la muerte de nuestra hija sean juzgados y sancionados. Nos anima el deseo de justicia, no solo para el hecho aún impune, sino para todos. Anhelamos sí, que la sanción aplicada sirva para evitar que continúe exponiéndose la vida de las personas, máxime cuando las víctimas son criaturas.
Las actividades promovidas solo con un afán lucrativo suelen no reparar en los riesgos que corren para la vida humana y esta situación se agrava cuando la actividad está reñida con la legislación vigente.
Nuestra hija murió en un hecho provocado por la actitud dolosa de los propietarios -Panter SRL- de la explotación del lugar que se apropiaron del espacio público para fines privados. La ubicación de una escultura de gran porte confeccionada en hierro de 270 kg, dentro de un sector destinado al tránsito de personas, carente de toda protección y mantenimiento, constituía un peligro permanente y finalmente terminó cobrándose la vida de Marcela e hiriendo a dos niñas que han quedado marcadas para siempre.
La empresa Panter SRL, vinculada económicamente a los esposos Mauricio y Diana Lowenstein, fueron los responsables de colocar una docena de esculturas -entre ellas la mencionada- en el espacio público, sin autorización para su apropiación. Participaron en estas acciones las autoridades del municipio porteño y desde la administración nacional hicieron la vista gorda, ante los abusos del poder económico, por supuesto bien relacionados. También le cabe su responsabilidad al escultor de la obra.
Sin embargo, el Poder Judicial dejó impunes a todos ellos, a pesar de la profusa cantidad de pruebas de su accionar irresponsable, porque consintió un sinnúmero de chicanas ilegales, que dilataron los tiempos indebidamente. Por si fuera poco, el Congreso Nacional y el Ejecutivo promulgaron la ley 25.990, disminuyendo los plazos de prescripción con efecto retroactivo. Actualmente hemos abierto una causa contra el Gobierno Argentino que tramita por ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.
Finalmente, la Corte Suprema, con la sola excepción de su presidente, se pronunció por la prescripción de la causa, sin dar fundamento alguno. Se escondieron tras el artículo 280 del Código Procesal, resabio monárquico si lo hay en ese artículo, que les permite arbitrariamente cerrar el caso por estimarlo "insustancial y carente de trascendencia". Si la repercución por un delito carece de entidad, no podemos sentirnos seguros en este suelo, como así ninguno de los habitantes.
Y ahora le toca a usted, señor secretario de Transporte, asumir la responsabilidad de favorecer a la empresa Panter y a todos los que lucran junto a ella, extendiéndoles la concesión hasta el año 2020, omitiendo sopesar debidamente la responsabilidad de todos ellos, en las muertes y daños producidos.
Como ciudadanos responsables y padres de Marcela Brenda iglesias rechazamos la ampliación de la concesión hasta el año 2020, a la empresa Panter SRL, que para reproducir negocios anteriores e instalar un Polo Gastronómico en la zona del Paseo Marcela Brenda Iglesias, bajo los arcos del viaducto, ubicado en Infanta Isabel, entre Avenida del Libertador y Freyre.

A la vez, solicitamos la anulación de esa medida en virtud de que el Código de Planeamiento urbano no permite el uso comercial dentro del área de Protección Histórica en la zona calificada como Urbanización Parque.

Sin más, saludamos a usted atentamente,

Nora Ribaudo y Eduardo Iglesias.

Murguiondo 4050, piso 1, departamento 1.

(1439) Ciudad de Buenos Aires

Teléfono: (011) 4601-0617.