Elvira Torres y Silvia Irigaray, integrantes de la Asociación, madres de víctimas del gatillo fácil y vecinas de la zona, participan de la iniciativa del ministerio de Seguridad de la Nación. Las primeras reuniones se hicieron en el ex centro clandestino de detención El Olimpo. A partir de ahora, el grupo se encontrará en El Corralón, otro espacio cultural emblemático.
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La prioridad de la Policía es cuidar al ciudadano común.
El Estado tiene el deber de proteger a la persona, la familia y la comunidad.
Los vecinos, a su vez, deben involucrarse en la elaboración, aplicación y mejora de las estrategias de seguridad que llevan a cabo las instituciones públicas.
Estas ideas básicas, que suenan tan naturales como respirar, son el origen de las Mesas Barriales de Prevención Comunitaria en Seguridad que funcionan desde hace algunos meses en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
Constituyen una de las novedosas medidas que está aplicando Nilda Garré, la ministra de Seguridad de la Nación, con el lema: El derecho a la seguridad, deber del Estado, obra de todos.
Elvira Torres y Silvia irigaray, integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor, madres de víctimas del gatillo fácil y vecinas de la zona, forman parte del grupo pionero en el barrio porteño de Floresta, que se reúne miércoles de por medio.
"Es un debate abierto, comunitario, libre de partidismos", dice Elvira Torres, mamá de Cristian Gómez.
Su hijo tenía 25 años cuando fue muerto de un balazo disparado a sangre fría por un policía uniformado el 29 de diciembre de 2001, en una estación de servicio que queda a la vuelta del edificio de departamentos donde todavía viven la mujer y el resto de la familia.
En el momento del hecho, Cristian estaba conversando inocentemente con unos amigos mientras miraban las noticias por televisión.
"Aunque la seguridad es un tema urgente, cuesta que el vecino se involucre, no estamos acostumbrados a escucharnos", dice Silvia Irigaray, mamá de Maxi Tasca, otra de las víctimas de la llamada Masacre de Floresta, tal es el bautismo que eligió el periodismo para el sangriento episodio que desembocaría en la condena de prisión perpetua para el policía federal Juan de Dios Velaztiqui.
Maxi, igual que Cristian, tenía 25 años.
Adrián Matassa, el tercer joven fusilado en aquel episodio absurdo y criminal, tenía dos años menos.
Ni Elvira ni Silvia podían imaginar que la angustia, la impotencia y la desesperación que sintieron al enterarse de la muerte de sus hijos, se convertiría en una energía fecunda que haría germinar la Asociación Madres del Dolor, fundada en 2004 por ellas y otras mujeres argentinas que perdieron a sus hijos inocentes en diferentes hechos de violencia.
Fue justamente como integrantes de esta organización civil y como vecinas de Floresta que decidieron involucrarse en la Mesa Barrial de Prevención Comunitaria en Seguridad.
Ellas y todo el grupo pionero de la Mesa empezaron juntándose en el ex centro clandestino de detención El Olimpo, cuyo acceso queda en Ramón Falcón 4250.
Pero ahora decidieron mudarse a El Corralón, otro espacio cultural emblemático de la zona, que tiene la entrada en Gaona 4660.
En la Ciudad de Buenos Aires, las mesas estarán en el radio de cada una de las 53 jurisdicciones de las comisarías de la Policía Federal Argentina.
Los vecinos que deseen realizar consultas o acercar propuestas deberán dirigirse por correo electrónico a participacioncomunitaria@minseg.gob.ar.
También pueden llamar al número gratuito 0800-555-5065 de prevención y control, o al 011-4809-1561 de la Dirección de Participación.
Ambos teléfonos pertenecen al Ministerio de Seguridad de la Nación.
A medida que el proyecto vaya expandiéndose por el resto de la ciudad y la Argentina, las mesas barriales integrarán a cada uno de los representantes de las organizaciones comunitarias e instituciones reconocidos por su trabajo social, deportivo y cultural.
Además, serán un órgano de control de la Policía, cuyas autoridades recibirán las inquietudes de los vecinos.
Algo que suena tan natural como respirar.
La prioridad de la Policía es cuidar al ciudadano común.
El Estado tiene el deber de proteger a la persona, la familia y la comunidad.
Los vecinos, a su vez, deben involucrarse en la elaboración, aplicación y mejora de las estrategias de seguridad que llevan a cabo las instituciones públicas.
Estas ideas básicas, que suenan tan naturales como respirar, son el origen de las Mesas Barriales de Prevención Comunitaria en Seguridad que funcionan desde hace algunos meses en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
Constituyen una de las novedosas medidas que está aplicando Nilda Garré, la ministra de Seguridad de la Nación, con el lema: El derecho a la seguridad, deber del Estado, obra de todos.
Elvira Torres y Silvia irigaray, integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor, madres de víctimas del gatillo fácil y vecinas de la zona, forman parte del grupo pionero en el barrio porteño de Floresta, que se reúne miércoles de por medio.
"Es un debate abierto, comunitario, libre de partidismos", dice Elvira Torres, mamá de Cristian Gómez.
Su hijo tenía 25 años cuando fue muerto de un balazo disparado a sangre fría por un policía uniformado el 29 de diciembre de 2001, en una estación de servicio que queda a la vuelta del edificio de departamentos donde todavía viven la mujer y el resto de la familia.
En el momento del hecho, Cristian estaba conversando inocentemente con unos amigos mientras miraban las noticias por televisión.
"Aunque la seguridad es un tema urgente, cuesta que el vecino se involucre, no estamos acostumbrados a escucharnos", dice Silvia Irigaray, mamá de Maxi Tasca, otra de las víctimas de la llamada Masacre de Floresta, tal es el bautismo que eligió el periodismo para el sangriento episodio que desembocaría en la condena de prisión perpetua para el policía federal Juan de Dios Velaztiqui.
Maxi, igual que Cristian, tenía 25 años.
Adrián Matassa, el tercer joven fusilado en aquel episodio absurdo y criminal, tenía dos años menos.
Ni Elvira ni Silvia podían imaginar que la angustia, la impotencia y la desesperación que sintieron al enterarse de la muerte de sus hijos, se convertiría en una energía fecunda que haría germinar la Asociación Madres del Dolor, fundada en 2004 por ellas y otras mujeres argentinas que perdieron a sus hijos inocentes en diferentes hechos de violencia.
Fue justamente como integrantes de esta organización civil y como vecinas de Floresta que decidieron involucrarse en la Mesa Barrial de Prevención Comunitaria en Seguridad.
Ellas y todo el grupo pionero de la Mesa empezaron juntándose en el ex centro clandestino de detención El Olimpo, cuyo acceso queda en Ramón Falcón 4250.
Pero ahora decidieron mudarse a El Corralón, otro espacio cultural emblemático de la zona, que tiene la entrada en Gaona 4660.
En la Ciudad de Buenos Aires, las mesas estarán en el radio de cada una de las 53 jurisdicciones de las comisarías de la Policía Federal Argentina.
Los vecinos que deseen realizar consultas o acercar propuestas deberán dirigirse por correo electrónico a participacioncomunitaria@minseg.gob.ar.
También pueden llamar al número gratuito 0800-555-5065 de prevención y control, o al 011-4809-1561 de la Dirección de Participación.
Ambos teléfonos pertenecen al Ministerio de Seguridad de la Nación.
A medida que el proyecto vaya expandiéndose por el resto de la ciudad y la Argentina, las mesas barriales integrarán a cada uno de los representantes de las organizaciones comunitarias e instituciones reconocidos por su trabajo social, deportivo y cultural.
Además, serán un órgano de control de la Policía, cuyas autoridades recibirán las inquietudes de los vecinos.
Algo que suena tan natural como respirar.
Eso que les impidieron para siempre a Cristian y Maxi, pero que Elvira Torres y Silvia Irigaray quisieran garantizar para todos.
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