miércoles, 6 de abril de 2011

Rafael Sal Lari será juzgado, no por garantista, sino por no cumplir con la Ley


Ayer, en la puerta del Senado Bonaerense. Viviam Perrone,
Gustavo Posse -intendente de San Isidro- y Silvia Irigaray
piden el juicio político contra el juez Rafel Sal Lari.
Por Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano*
kevinsedano@yahoo.com.ar
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Es lo que cree el diputado Gabriel Villegas, del partido Frente para la Victoria, presidente de la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. El lunes a las 15 empezará la tercera sesión del jurado que debe decidir si el escandaloso juez de Garantías de San Isidro será sometido a juicio político.
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Ante lo expresado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que aseguró que “el juez de garantías de San Isidro Rafael Sal Lari está siendo acusado por hechos falsos”; que se “buscan emparentar los reclamos de seguridad con restricciones en el ejercicio de derechos” y que el Jury es “impulsado por una campaña política y mediática que utilizó la figura del juez como chivo expiatorio”, el diputado Gabriel Villegas, Presidente de la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que “en ningún momento la Comisión actuó en busca de un plan de seguridad, sino haciendo uso de las facultades constitucionales que son otorgadas a los efectos del control entre los tres poderes”.
“Lo que estos organismos no entienden, es que el sistema republicano está vigente en la República Argentina”, espetó Villegas ante el documento que además del CELS, firman, entre otros, la Comisión por la Memoria (CPM), el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); y La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires (LRJP).
Los firmantes también mencionaron “presiones” y pidieron a “los integrantes del jury”, que “apuesten a la vigencia del Estado de derecho”, ante lo cual Villegas recordó que “la Comisión Bicameral sólo ha recibido mensajes telefónicos y escritos intentando ejercer presión sobre la decisión de los legisladores que la componen, provenientes de estos organismos que hoy tildan el caso como una campaña política y mediática”.
Cabe recordar que entre las causas por las que la Comisión Bicameral acusó a Sal Lari se encuentra el caso de Cesar Miño, quien fue denunciado por abuso sexual agravado contra su hija de 12 años de edad en ese momento, algo que venía sucediendo desde 6 años antes.
A partir de comprobarse los hechos denunciados, la Fiscal solicita la exclusión del hogar que fue denegada por el magistrado, aduciendo que la petición era prematura, sin averiguar sobre lo actuado en el Juzgado de menores con fecha anterior a la decisión de no hacer lugar a la exclusión, donde estaban las constancias que avalaban dicha medida.
En este caso, se considera que el Juez vulneró los derechos consagrados en la Convención del niño, privilegiando la situación del padre.
Otro de los hechos por los que se acusó al magistrado de San Isidro es el que deriva de un asalto protagonizado por dos delincuentes que despojan a una pareja de sus bienes y abusan sexualmente de la mujer. Ambos fueron excarcelados bajo caución juratoria, sin tomarse en cuenta que uno de ellos, al momento del ilícito, había violado un arresto domiciliario impuesto por el Tribunal de La Matanza.
En tanto, en otro caso, con numerosas pruebas que acreditaban venta de estupefacientes, un Fiscal solicita un allanamiento que fue concedido por Sal Lari para hacerse efectivo recién tres días después, lo que impidió que se lograra un buen resultado en la investigación.
Finalmemente, el otro hecho por el que la Comisión Bicameral decidió asumir el rol de acusador es el que denuncia que la Cámara de Apelación de San Isidro dispone la libertad de un detenido, que debía hacer efectiva el Juez Sal Lari, quien libró una orden a la Comisaría para que el detenido compareciera al día siguiente en el Tribunal, pero ante su inasistencia, no verificó el cumplimiento de la orden, sin preocuparse ni por llevarlo nuevamente al Juzgado, ni por solicitar el acta de liberación, lo que ocasionó que la detención se prolongara durante 7 meses más, y recién se solucionara cuando el mismo imputado reclamó por sus derechos.
En este sentido, el titular de la Bicameral señaló que “esto es un ejemplo puntual de incumplimiento procesal”.
“Estos organismos intentan plantear para su beneficio, que este jury se inscribe dentro del debate entre garantismo y mano dura, algo que es totalmente falso. El juez Sal Lari será juzgado, no por garantista, sino por no cumplir con la Ley, tanto al momento de liberar detenidos como al momento de dejar 7 meses detenida a una persona a la que se le había ordenado liberar”, explicó Villegas al tiempo que agregó: “me llama la atención que estos organismos que deben defender los derechos y garantías constitucionales defiendan a un juez que los ha violado”.
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* Kevin tenía 14 años cuando fue atropellado y abandonado con heridas gravísimas el 1º de mayo de 2002 en el partido bonaerense de Vicente López. Sucedió mientras cruzaba a pie la avenida del Libertador y falleció pocos días más tarde. El automovilista asesino, Eduardo Sukiassian, fue condenado, pero no cumplió la pena de tres años de cárcel efectiva. La causa actualmente está en la Corte Suprema de Justicia.

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