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| Ema Cibotti con la foto de Manuel. |
Mamá de Manuel Lischinsky*
Historiadora y fundadora de ACTIVVAS (Asociación Civil Trabajar Contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables)
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Toda reflexión que interpele a la justicia no puede ser sino dolorosa para los familiares de las víctimas de la violencia vial. En principio porque no reciben ni el amparo ni la tutela que cualquier persona imagina, espera y necesita, en un proceso judicial . La casuística transgrede permanentemente lo que dice y exige la Ley, pues llegarán a juicio las causas de tránsito que los familiares puedan empujar porque disponen de tiempo, recursos económicos y redes de contención , profunda inequidad que afecta y lacera a los sectores vulnerables-vulnerados Es habitual que las autoridades policiales y judiciales nos pidan que aportemos pruebas materiales. Y allí vamos -como podemos- a los medios de comunicación, en pos de una foto, o de minutos de filmación , que acrediten las circunstancias en que murieron violentamente los nuestros y para rogar por la aparición de testigos que sirvan en el juicio.
Por cierto sabemos que estas son funciones indelegables del Estado, lo sabemos por instrucción y educación, pero la experiencia nos enseña exactamente lo contrario. Porque a poco de andar todos nos hemos preguntado y respondido lo mismo: ¿quién representa a nuestra víctima en el sistema judicial? En rigor, nadie.
El juez es imparcial y la fiscalía debe representar los intereses de la sociedad. Para defender a la víctima vial hay que buscar la asistencia de un letrado, mientras tanto la persona damnificada, así esté muerta por atropellamiento sobre una vereda, no es jurídicamente hablando una víctima: permanece visibilizada sólo por el esfuerzo denodado de sus familiares .
Cuando la justicia, después de años de demora, prueba que el imputado es el victimario y lo sentencia por homicidio culposo, el condenado puede seguir apelando, y si la pena fuera de prisión efectiva (casi no hay casos en el país) tiene el beneficio de apelar en libertad hasta llegar a la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero aun cuando finalmente la Corte Suprema confirme la sentencia recibida, el condenado podrá apelar cómo se consigna el cómputo de la pena.
Pero la orfandad de representación judicial se manifiesta con toda su intensidad en la imposibilidad de querellar, o en la querella a medias . En efecto, el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires (como el de muchas otras provincias) sólo permite la figura del 'particular damnificado': todo está en manos del fiscal, quien no tiene obligación alguna de avisarle a la familia de la víctima vial sobre los beneficios que pueda recibir el victimario, ni sobre el curso del proceso de apelación que siga.
Por otra parte, también es común que los jueces de juicio argumenten que la Justicia no está para perseguir sino para recuperar e insertar a las personas en la sociedad.
Este principio de la convivencia democrática se usa como un atajo para evitar aplicar las condenas que sí prevé la ley para los siniestros viales causados por exceso de velocidad, cruce con luz roja y otras acciones agravantes, que sin embargo los jueces ignoran o minimizan con su olímpica voluntad.
Si la impunidad vial persiste, es evidente que la prevención no será más que un esfuerzo de papel.
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La siguiente es una cobertura periodística que complementa el texto anterior.
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FUENTE: diario Página 12
FECHA: 11 de septiembre de 2011
VOLANTA: "EXTREMAR ACCIONES PARA EVITAR MUERTES"
TÍTULO: Alak: "Hay que encarcelar a los asesinos al volante"
BAJADA: El ministro de Justicia, Julio Alak, se mostró a favor de "cambiar la legislación" e impulsar la realización de "un encuentro especial sobre la Seguridad Vial y el Poder Judicial, en el que participen el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Cámara Penal y distintos jueces y fiscales, para analizar entre todos cómo evitar nuevas tragedias".
DESARROLLO: "Con medidas concretas, como la creación y puesta en funcionamiento en 2008 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se logró reducir cerca del 20 por ciento el número de víctimas fatales en siniestros de tránsito, sobre una base de 7 mil casos al año", manifestó Alak luego de asegurar que por primera vez en mucho tiempo el tema es considerado como una prioridad en el país. Asimismo, debiera desarrollarse "una política integral en la que trabajemos juntos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial", propuso.
Los cambios en la legislación, estimó, deberían establecer "sanciones más duras para los que no cumplan con las normas, y para que el que mata producto de una imprudencia no se vaya a la casa". "El notable crecimiento del parque automotor, que se incrementa cada año en un 10 por ciento aproximadamente, obliga a extremar las acciones para evitar pérdidas de vidas humanas en accidentes que pueden eludirse", agregó. Por otra parte, consideró que es necesario limitar los carteles publicitarios en la vía pública porque "constituyen sin dudas un factor de distracción para los conductores y una invitación a la ocurrencia de un siniestro".
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*Manuel tenía 18 años cuando fue atropellado y abandonado agonizante el domingo 14 de mayo del 2006 junto al Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de las lesiones que recibió, murió al día siguiente en el Hospital Fernández. Dos amigos también recibieron heridas y se salvaron de milagro. La evidencia probó que el automovilista Nicolás Piano iba alcoholizado, ampliamente excedido de velocidad y con otras seis personas en el auto cuando se llevó puesto el monumento y a los tres chicos. Pasaron más de cinco años hasta que, el 30 de mayo de 2011, fue declarado autor de homicidio culposo agravado y lesiones agravadas, con una pena de tres años de prisión en suspenso, diez años de quita del carnet de conducir y una novedad: lo obligan a hacer un curso de resocialización para buen uso de la vía pública, que está programando un equipo especial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que constituye un mensaje importante para frenar la conducción violenta: es el primer caso en el país.
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