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| El último martes en la puerta del Senado Bonaerense. Los familiares de víctimas y el intendente de San Isidro reclaman el juicio político contra Sal Lari. De izquierda a derecha: Viviam Perrone, Alicia Gerber -atrás, viuda de Orlando Osuna-, Gustavo Posse, Sofía Mata -atrás, viuda de Ernesto-, Silvia Irigaray -en segunda fila-, Carla y Alejandro Regis -adelante-. |
Carla es hija de Carlos Regis, el ingeniero asesinado en la localidad de Beccar en 2008, durante un asalto a mano armada en el que ella misma resultó gravemente herida. Los autores del crimen habían sido liberados irregularmente por Sal Lari pocos días antes. Este es sólo uno de los once casos por los que el juez puede ser destituido.
En la foto pueden ver a la joven con Alejandro -su hermano-, Gustavo Posse -el intendente de San Isidro-, Viviam Perrone -presidente de Madres del Dolor y mamá de Kevin Sedano-, Silvia Irigaray -también miembro de la Asociación, mamá de Maxi Tasca- y otros familiares de víctimas de la violencia.
La siguiente es una carta escrita por Carla Regis y leída por ella en una conferencia de prensa de la semana pasada.
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Hace más de dos años decidimos comenzar este proceso por la sensación de impotencia, tanto respecto al caso del que nuestra familia resultó víctima, como por la responsabilidad social que tenemos hacia nuestro pueblo, concientes de que muchos comparten dicha sensación.
Sabíamos que no nos esperaba una tarea fácil, pero lo que nunca imaginamos es que por el solo hecho de iniciar un proceso constitucional íbamos a recibir más humillación y dolor del que ya recibimos. Es por esto que decidimos presentarnos ante ustedes, representantes de los medios, para que nos ayuden a transmitir a toda nuestra comunidad la lucha de un simple grupo de ciudadanos golpeados por la inseguridad, más de dos años después y sin resolución alguna.
Aún peor, pareciera que ya no somos un simple grupo de familiares de víctimas unidos para, con nuestras limitaciones, cuidar que otros argentinos no se encuentren el dia de mañana dañados por las incorrectas decisiones del juez Sal Lari, sino que para muchas organizaciones somos un grupo de acusadores privados, obstinados detractores del Poder Judicial y la Democracia, quienes manejados por nuestro intendente, queremos comprometer la función republicana de una judicatura que ellos consideran debería estar esenta deeste tipo de control ciudadano.
Parece increíble que debamos ratificar una vez más que no se trata de una persecución al Poder Judicial y que no tenemos ningún compromiso político. Muy por el contrario, consideramos que tendremos una mejor calidad democrática si existen mecanismos legales para que un simple ciudadano pueda quejarse por la falta de idoneidad para el desempeño del cargo de un juez. Intentamos que todos seamos iguales ante la Ley y que los tribunales puedan evaluar la conducta de cualquier ciudadano más allá del cargo que ocupe. De aplicarse con objetividad y agilidad este mecanismose juicio político, será muy beneficioso también para todos los jueces honrados que en ocasiones se ven desalentados y afectados por la impunidad o falta de idoneidad de quienes con su mal desempeño no honran su investidura.
El juicio político es una de las instituciones sustanciales de nuestro sistema democrático y se encuentra regulado por los artículos 53, 59, 60 y 115 de la Constitución Nacional. Lejos de ser un grupo privado, decidimos ser apoyados y acompañados por nuestro representante más cercano, el intendente Gustavo Posse, dado que en diversos intentos de ejercer este derecho ciudadano ante otros estamentos no se ha llegado más que a una respuesta negativa. Intentar llevar adelante solos este proceso sería imposible y hasta, lamentablemente, inútil.
Pedimos por favor, dejen de vincularnos con intereses políticos. Ignoramos a qué intereses responden quienes se oponen a que los ciudadanos pidamos que haya igualdad ante la ley para todos, más allá de sus cargos. Son estas personas quienes obstruyen nuestro acceso a la Justicia, los que intentan provocar que esta lucha tenga un fin político.
A los que nos tildan de esa manera queremoa recordarles que a partir del fallecimiento por hechos de inseguridad de cada uno de nuestros familiares, nuestras vidas han cambiado por completo y muchos debemos salir adelante enfrentndo situaciones impensadas.
Hace más de dos años expresamos la necesidad de que los tres Poderes comenzaran a trabajar conjuntamente, con esfuerzo y sacrificio para garantizar la paz y seguridad de todos los argentinos. Expresamos que era necesario que se escuchara al pueblo y se depusieran sus diferencias mediante la racionalidad y el diálogo, arribando a medidas lógicas que protejan nuestras vidas. Un pueblo que quiere seguir viviendo en democracia, necesita que sus representantes se organicen y tengan un proyecto en común que garantice la seguridad y la justicia de todos nosotros, entendiendo que es la razón de ser de los funcionarios públicos.
Para que todo lo mencionado sea posible, somos concientes de que no sólo los tres Poderes deben trabajar, sino que nosotros, los argentinos, debemos comenzar a funcionar en comunidad, entendiendo que si no lo hacemos, todos los esfuerzos a sueños de un país mejor serán absolutamente en vano.
Con respecto a la situación de la Justicia y la seguridad, tal vez hubiese sido más fácil para nosotros no hacernos cargo de nada, intentar pensar en otra cosa o quedarnos quejándonos entre familiares y amigos. Por lo contrario, a pesar de nuestras heridas, o tal vez por la fortaleza que la tragedia que vivimos nos ha dejado, decidimos armarnos de fuerzas y paciencia suma para realizar un pedido de juicio político. Confiamos en que de una vez, aquellos funcionarios que deben estar atentos y trabajar con esfuerzo y sacrificio por la sociedad toda, lo hagan, ya que consideramos que el derecho a la vida es el derecho esencialmente básico de los derechos humanos. Confiamos que intentar como ciudadanos tal cometido es el mejor aporte que podemos hacer a nuestro sistema de convivencia.
Hoy seguimos considerando que este magistrado es co-responsable de que hoy en día muchas familias se encuentran destruidas, entre ellas la nuestra, ya que fue él, merced a una caprichosa interpretación de la ley, arbitraria y carente de toda lógica y sentido común, quien en marzo de 2008 deja en libertad a un sujeto, hoy condenado de haber arrebatado la vida de nuestro padre y haber puesto en riesgo la mía. Este sujeto estuvo condenado en 2003 por robo calificado a cinco años y seis meses de prisión, en 2005 es beneficiado con una libertad provisoria. Gozando de ella se da a la fuga en un procedimiento policial donde se encuentran armas de guerra con mira láser, la numeración limada y balas con punta hueca para provocar mayor daño a las víctimas. El juez Orlando Díaz le deniega la eximisión de prisión y estando Sal Lari como subrogante del mencionado juez, el delincuente se entrega solicitando la excarcelación que, pese a todo lo relatado, le es otorgada por Sal Lari. Dicha situación nos ha llamado aún mucho más la atención cuando ese delincuente, hoy ya condenado a prisión perpetua, ante el tribunal del juicio de nuestro padre, declara haber abonado una suma considerable de dinero para que se le otorgue dicha excarcelación y que es ese mismo tribunal el que hoy apoya a Sal Lari.
Apelamos, por todo lo expuesto, al sentido común y la responsabilidad de los miembros del Jury de Enjuiciamiento, ellos son:
PRESIDENTA DEL JURY
Hilda Kogan
SENADORES PROVINCIALES
Fernando López Villa (Coalición Cívica de Almirante Brown)
Cristina Fioramonti (Frente para la Victoria de Florencio Varela)
DIPUTADOS PROVINCIALES
José Luis Comparato (GEN de Azul)
Carlos Gutiérrez (Unión Pro de Dolores)
Horacio Delgado (PJ de 9 de Julio)
CONJUECES
Julio César Amat (Necochea)
Raúl Horacio Tripicchio (Morón)
Francisco Pedro Rafael Berhabe (Quilmes)
Carlos Tribiño (La Plata)
Juan Carlos París (Mar del Plata)
Esperamos que estas personas, como funcionarios públicos que son, actúen cumpliendo su mandato, para tranquilidad de tantas familias de víctimas de la inseguridad como las que se encuentran en esta sala, muchas más que no lo están y el conjunto de familias argentinas que viven con miedo y desean ver que un juez, por su condición de tal, no esté por encima de la Ley.
Confiamos en que nos den la posibilidad de llevar adelante el juicio para demostrar que el doctor Sal Lari, con resoluciones como las que ha tomado, dejó en libertad a delincuentes peligrosos, incrementando la situación de peligro de toda la comunidad, eludiendo responsabilidades que le son propias como magistrado, como custodio de la Ley y como defensor de la ciudadanía.
Es hora de comenzar a seleccionar jueces ecuánimes y a separar de sus cargos a quienes no han comprendido el compromiso de ser custodios de la Ley y de las herramientas que la misma ha puesto en sus manos, para que podamos sentirnos defendidos por los Poderes del Estado, para vivir con una mayor seguridad y una Justicia para todos, recordando los preceptos constitucionales de "afianzar la Justicia, consolidar la paz interior, para nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino".
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