miércoles, 29 de junio de 2011

"El fallo de la Corte Suprema es una lección para todos los asesinos al volante"

2 de marzo de 2010, Congreso de la Nación. Viviam
Perrone, Guillermo Álvarez y otros familiares
de víctimas reclaman justicia.
Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano y presidente de la Asociación Madres del Dolor, se siente aliviada tras la confirmación de la prisión efectiva para Eduardo Sukiassián, el automovilista que asesinó a su hijo en 2002 en la localidad bonaerense de Olivos. Ahora, ella espera que el Congreso Nacional apruebe una modificación de las penas en los delitos viales con ciertos agravantes.
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"El fallo de la Corte Suprema es una lección para todos los que asesinos al volante, espero que ahora cambien otros fallos", dice Viviam Perrone, después de la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la pena de tres años de cárcel efectiva para Eduardo Sukiassián.
El automovilista actualmente inhabilitado recibió esa condena por atropellar, abandonar y provocar la muerte de Kevin Sedano, el hijo de la presidente de la Asociación Madres del Dolor, en 2002, en la localidad de Olivos, partido bonaerense de Vicente López.
Es la primera causa caratulada como 'homicidio culposo' que llega a la Corte Suprema y ahora es la primera en la que un asesino vial tiene que ir a la cárcel por segunda vez.
Sukiassian había sido condenado en 2007 por el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, pero dos meses después la misma instancia le había concedido el beneficio del arresto domiciliario.
"Sigo viendo que las víctimas de tránsito sufren una discriminación en todo sentido", dice Viviam, que se siente aliviada por el fallo de la Corte pero prefiere hacer un análisis realista.
Uno de sus temores es que Eduardo Sukiassián se fugue de la Argentina; concretamente, que se vaya a alguna de las propiedades que tendría en Punta del Este.
Para evitarlo, los jueces Mónica Tisato, Maria Coelho y Federico Ecke, del Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro, deberían ordenar cuanto antes la detención del condenado.

Para crear conciencia
Al día siguiente del histórico fallo de la Corte Suprema, el Senado le dio media sanción a un proyecto de reforma del Código Penal que cuenta con amplio apoyo de los grupos de familiares de víctimas de hechos de tránsito.
La aprobación ahora depende de la Cámara de Diputados.
El cambio consiste en aumentar el castigo cuando se prueban algunos agravantes; por ejemplo, si el conductor iba alcoholizado, conducía a demasiada velocidad, o se fugó después de atropellar.
El texto, que fue presentado por la senadora Nanci Parrilli, empezó a elaborarse hace un año, cuando la legisladora del Frente para la Victoria recibió a Guillermo Álvarez, que hacía huelga de hambre frente al Congreso de la Nación para reclamar justicia por su hermano Marcos, muerto con 19 años tras ser atropellado en Plottier, provincia de Neuquén.
Tiempo antes, por el mismo motivo, Guillermo había caminado desde esa ciudad hasta el Parlamento Nacional.
En el nacimiento del proyecto también participaron Viviam Perrone y Felipe Rodríguez Laguens, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
"Necesitamos leyes que acompañen y que creen una conciencia", dice Viviam.
Agrega que, aunque muchos piensan que más castigo no es solución, sirve si permite evitar que haya más muertes y dolor.
"También queremos que los jueces las apliquen, que es otro problema", concluye, recordando los nueve años que tuvo que recorrer pidiendo justicia para su hijo Kevin.

martes, 28 de junio de 2011

Eduardo Sukiassian vuelve a la cárcel tras un fallo histórico de la Corte Suprema

Kevin Sedano, atropellado, abandonado
y muerto por Eduardo Sukiassián.
El máximo tribunal de la Nación confirmó la pena de tres años de prisión efectiva por haber atropellado, matado y abandonado a Kevin Sedano en 2002 sobre la Avenida del Libertador, en la localidad bonaerense de Olivos. Hasta ahora, el condenado por homicidio culposo cumplió sólo dos meses del castigo. La familia de la víctima teme que se fugue de la Argentina.
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"Eduardo Sukiassian tiene casas en Punta del Este, puede fugarse del país", advierte Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano y presidente de la Asociación Civil Madres del Dolor.
El mensaje va dirigido directamente a los jueces Mónica Tisato, Maria Coehlo y Federico Ecke, del Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro, que todavía deben ordenar la detención del condenado.
Se debe a un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la pena de tres años de prisión efectiva contra Sukiassián por haber atropellado, abandonado y provocado la muerte de Kevin Sedano, de 14 años, en 2002 sobre la Avenida del Libertador, en la localidad bonaerense de Olivos.
Es la primera causa caratulada como 'homicidio culposo' que llega a la Corte Suprema de Justicia la Nación y ahora es la primera en la que un asesino de tránsito tiene que ir a la cárcel por segunda vez.
Sukiassian, había sido condenado en 2007 por el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, pero dos meses después el mismo Tribunal le había concedido el beneficio del arresto domiciliario.

EEUU denuncia que en la Argentina "no hay un plan contra la trata de personas"


Argentina es origen, tránsito y destino de hombres,
mujeres y niños víctimas de la trata de personas.
FUENTE: Infobae.com
ENLACE: http://www.infobae.com/notas/590097-Critico-informe-de-Estados-Unidos-sobre-trata-de-personas-en-Argentina.html
FECHA: 27 de junio de 2011
TÍTULO: El informe anual que el Congreso de los EEUU le pide al Departamento de Estado norteamericano alertó que en la Argentina "no hay un plan contra la trata de personas".
BAJADA: El escrito indicó que en 2010 se rompió un récord negativo y habló de "complicidad de funcionarios"
DESARROLLO: La trata de personas es un delito que atenta contra la libertad física de una persona, la cual es esclavizada de diferentes maneras, entre las cuales unas de la más usuales son la explotación con fines sexuales y trabajo esclavo.
Según el informe anual que el Congreso norteamericano le pide al Departamento de Estado de los EEUU, América Latina es el lugar más elegido por los tratantes para traficar con hombres, niños y mujeres, a los cuales se somete a situaciones clandestinas e insalubres de vida.
El informe al que accedió Infobae.com especificó que "Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso".
Muchas de las víctimas provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país. Entre ellas se destaca la zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil, la cual "constituye un área importante para la captación de víctimas argentinas de la trata con fines de explotación sexual y una zona de tránsito para las víctimas de trata con fines de trabajo forzado provenientes de Paraguay".
Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros, principalmente de países como Paraguay, Bolivia y Perú, y en menor grado de Brasil y República Dominicana, son forzados a ejercer la prostitución en Argentina, donde, además, se obliga a ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte del país a someterse a trabajos forzados en talleres clandestinos y emprendimientos agropecuarios.
Ante ese panorama, dice el escrito norteamericano, "el gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido".
Es que durante 2010 el Gobierno "identificó un número récord de víctimas de la trata que incluyeron una importante cantidad de víctimas del trabajo forzado".
Además, se incrementaron las acciones judiciales y condenas de los tratantes y se subvencionaron diversos refugios para las víctimas de la trata, algunos de los cuales fueron inaugurados durante el período en cuestión.
No obstante ello, destaca el informe, "la cantidad total de condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas; los servicios especializados continúan siendo dispares en todo el país y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la "supuesta complicidad de algunos funcionarios" en el ámbito local y nacional "impidieron avances más sustantivos en la lucha contra la trata".
El marco legal y persecución penal en Argentina contra la trata de personas
La ley argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la ley 26.364 sancionada en abril de 2008, que prescribe penas privativas de la libertad que van de tres a quince años, según los agravantes. Dichas penas son lo suficientemente estrictas y equivalentes o superiores a las estipuladas para otros delitos graves como la violación.
La actual ley de combate contra la trata permite que los fiscales o jueces pongan en duda la validez del consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad, aun cuando haya mediado fuerza, fraude o coerción.
En febrero de 2011, las autoridades argentinas anunciaron que la Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en todas las causas de trabajo forzado, un notable avance que puede disminuir la presión sobre las víctimas de trata por iniciar acciones legales mediante la presentación formal de una denuncia contra las personas que las sometieron a la trata.
El único caso de delito relacionado con trabajo forzado que la Justicia concluyó desde la aprobación de la ley de combate contra la trata de personas en 2008 resultó en absolución. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad trabajaron en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas durante los allanamientos llevados a cabo en investigaciones de trata.
En 2010, las autoridades realizaron 107 investigaciones preliminares y a fines de 2010, existían 78 procesamientos en curso por trata de personas en todo el país.
Durante el período que cubre este informe, la Justicia logró condenar a 15 personas relacionadas con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, con penas privativas de la libertad que fueron de 2 a 15 años. Esto representa un aumento significativo en la cantidad de condenas con respecto al año anterior, en el que las autoridades informaron sobre tres condenas por trata de personas con fines de explotación sexual, con sentencias que variaron entre cuatro años de arresto domiciliario a 10 años de cárcel.
Además, destaca que las autoridades argentinas buscaron asociarse con gobiernos extranjeros, como el de Paraguay, para investigar varios casos de trata. Este hecho llevó al gobierno argentino a capacitarse en temas de trata de personas y asistencia a la víctima para funcionarios judiciales, las fuerzas de seguridad y otros funcionarios.
Sin embargo, los investigadores opinan que "se necesita intensificar la capacitación de funcionarios en temas relacionados con la investigación y el procesamiento adecuados de los delitos de trata así como también con la manera de identificar y asistir a las víctimas".
Según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios provinciales, municipales e inclusive, en menor medida, nacionales participan directa o indirectamente en la trata de personas. De acuerdo a lo informado, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes.
En 2010, el jefe de la unidad antitrata de la policía fue acusado de administrar burdeles y permanece bajo investigación, aunque sigue en la fuerza. En noviembre de 2010, la Ufase (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) realizó una investigación que implicó a 90 funcionarios de la policía de Buenos Aires en la falsificación de registros para proteger burdeles a cambio de sobornos; en algunos de ellos se explotaban niños.
En marzo de 2011, cinco inspectores de policía implicados en este caso fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, durante el año pasado -destaca el texto- no se procesó ni condenó a ningún funcionario gubernamental involucrado en la trata de personas.
Por su parte, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas del gobierno, que cuenta en Buenos Aires con un equipo interdisciplinario compuesto por diecinueve personas, brindó asistencia inmediata posterior al rescate a algunas de las víctimas rescatadas, tales como acceso a servicios legales, médicos y psicológicos. Durante 2010, esta oficina informó haber salvado y asistido a 569 víctimas de la trata, de las cuales más del 80% era adulto.
"Las autoridades argentinas alentaron a las víctimas a colaborar en la investigación y el impulso de las causas contra sus tratantes; sin embargo, algunos funcionarios informaron sobre deficiencias en la protección brindada a las víctimas que declaran en causas de trata. Si bien la Secretaría para la Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de brindar asistencia a las víctimas de trata luego de que hayan colaborado en los procesos judiciales, los esfuerzos de reintegración brindados a las víctimas fueron limitados", añade el informe anual norteamericano que investiga la trata de personas en América Latina.
También especifica que "el gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima argentina de trata repatriada" y destaca que "el gobierno no posee un plan nacional contra la trata", por lo que estima que las autoridades conservan una mesa redonda para debatir sobre el tema.
La Ufase publicó una reseña sobre sus acciones contra la trata durante 2010 y la Oficina de Rescate publicó en varias oportunidades estadísticas a través de la agencia nacional de noticias.
Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires estableció un comité de lucha contra la trata; además, diversas ONG manifestaron que la coordinación insuficiente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales seguía obstaculizando la efectividad de los esfuerzos contra la trata de personas como así también la limitada o inexistente financiación para las iniciativas provinciales o locales contra la trata.
Finalmente, alerta que el Código Penal argentino no prohíbe específicamente el turismo sexual infantil, aunque sí prohíbe mantener sexo con menores. "El gobierno no informó haber investigado, procesado o condenado a ningún ciudadano argentino por delitos de turismo sexual infantil en el exterior".
"El gobierno brindó capacitación para el combate a la trata de personas a tropas argentinas previo a su despliegue en operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz. Las autoridades no informaron sobre esfuerzos para reducir la demanda del comercio sexual", concluye.

lunes, 27 de junio de 2011

Lo que significa Aberturas Moras, un comercio destruido por hinchas de River

Los violentos en acción (Foto de agencia Telam).
Sus dueños son fundadores de la Asociación Familias de Esperanza, una entidad sin fines de lucro del partido bonaerense de Vicente López que en la actualidad cuida a alrededor de 60 niños en situación de riesgo o abandono.
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Hemos visto los destrozos que dejaron los inadaptados después del partido en la cancha de River Plate. Los dueños de los comercios que resultaron dañados en las inmediaciones se estarán preguntando hasta donde les cubre su seguro, si es que les cubre.
Desde la Asociación Madres del Dolor decidimos opinar sobre el tema porque sabemos que la familia Moras es tan humilde de espíritu que no lo va a hacer. Muchos habrán visto en que condiciones quedó el negocio de Aberturas Moras situado en la Avenida del Libertador: vidrios destrozados, papeles quemados, computadoras robadas, aberturas que ya no se pueden vender ni reparar, etc.
Es importante que se sepa a quien le pertenece este negocio. La familia Moras fundó la Asociación Familia de Esperanza, que tiene dos casas donde se albergan menores que están en situación de riesgo u abandono. Cuidan a alrededor de 60 niños sin hogar.
Además de esto, Patricia Moras, madre de cinco hijos propios (una adoptada), siempre tiene uno o dos bebés viviendo en su casa, generalmente son los de mayor riesgo de salud.
Seria bueno que los que causaron estos destrozos sepan a quien perjudicaron; quizás la familia Moras esté ayudando a sus propios hijos.
Esta familia sabe muy bien lo que es cuidar al que lo necesita.
Pero a ellos y a nosotros: quien nos cuida?
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FUENTE: diario La Nación
ENLACE: http://www.lanacion.com.ar/987481-chicos-en-transito-padres-por-un-tiempo-limitado
FECHA: 16 de febrero de 2008
AUTOR: Julián Iturrería
VOLANTA: Familia y valores
TÍTULO: Chicos en tránsito, padres por un tiempo limitado
BAJADA: En la Argentina, distintas ONG implementan esta metodología para que la mayor cantidad de chicos puedan vivir en ambientes familiares.
DESARROLLO: "No podemos atenderlos más. Van a estar con otra familia." Blanca Burgos tenía 12 años cuando escuchó de su padre la frase que es la peor pesadilla de cualquier chico. Sus siete hermanos menores, tres con discapacidad, también estaban incluidos.
Era un viernes a la noche. A los tres días, Luis María Nicora pasó a buscar a los ocho por el barrio de Pompeya, para llevarlos a su casa en Colonia Urquiza, a 50 kilómetros de la ciudad, donde residía con su familia. Se iniciaba una nueva etapa.
Así como Blanca, muchos niños que tienen dificultades con sus padres biológicos son dados a familias que se encargan del resguardo por un tiempo determinado: a corto plazo, por pocos meses, o a largo plazo, cuando se extiende por años.
Esto se llama acogimiento familiar o familias en tránsito. No es adopción, sino que se trata de familias que brindan apoyo a otros núcleos familiares que tienen problemas y no pueden contener a sus hijos. El objetivo, evitar los institutos.
Las historias de los matrimonios que se animan a sumar llantos, sonrisas, más pañales y abrazos tienen muchos puntos en común, ya sean experiencias de corto o largo alcance.
Según fuentes consultadas, el acogimiento se toma como última medida antes de intentarlo todo para ayudar a los padres a resolver las crisis. Por eso "no se busca romper el vínculo con los papás biológicos, sino todo lo contrario", explicó a LA NACION Vicky Acosta, de la ONG Familias de Esperanza. Alojó casi 30 chicos en su casa desde 1994, cuando empezó.
"No somos familias sustitutas, sino complementarias. No buscamos hacer un corte con los padres, ya que respetamos la historia de los chicos, sus propias identidades. Por eso es diferente a la adopción, que en general significa un corte", dijo María Elvira Nicora, presidenta de la Fundación Emmanuel, que realiza acciones para fortalecer y acompañar a las familias en situación de riesgo.
SUBTÍTULO: A largo plazo
Blanca vivía en dos casas: algunos meses con su tía, donde tenía tiempo para ser hija, ir al colegio y jugar, y otro tiempo en su casa, cuando le tocaba ser madre, padre y enfermera de sus hermanos más chicos. Y todavía ni había entrado en la adolescencia.
Cocinaba, limpiaba y los llevaba al hospital cuando se enfermaban. Las clases de matemática quedaban en segundo plano. Pero el 1° de marzo de 1988 la vida le dio la oportunidad de cambiar de ruta y destino.
María Elvira pasó a tener 12 hijos, de repente: recibió a Blanca y sus siete hermanos. Dos de ellos venían de reformatorios. Mario, el más chico, llegó prácticamente desnutrido a la casona que habían comprado los Nicora, dentro de un predio de 12 hectáreas, en las afueras de La Plata, con la intención de poner en práctica el acogimiento familiar.
"Mi papá venía una vez por mes a visitarnos", recordó Blanca. Al poco tiempo su padre y su tía fallecieron. Sabiendo que su mamá tenía dificultades psicológicas que le impedían cuidar de los chicos, entendió que este proceso no iba a ser de corto plazo. Ya no tenían adónde ir. Tampoco se querían volver.
Ellos fueron los primeros. La Fundación Emmanuel, creada en 1986 por los Nicora y un grupo de profesionales, recibió los primeros niños en acogimiento. La familia fundadora dio el puntapié inicial. En la actualidad son 20 las familias que reciben niños en sus hogares.
En el extenso predio tienen un centro de formación donde trabajan para fortalecer familias por medio de talleres de reflexión, conferencias, actividades recreativas.
SUBTÍTULO: Más de 12 años
Emilio y Ana María Martínez tenían más de 20 años de casados y dos hijas cuando empezaron a recibir niños en su casa. A los primeros chicos los arropaban sólo los fines de semana o por algunos meses. Eran experiencias cortas, como familia de tránsito.
Pero un día llegó Nicolás, que por ser menor de edad no se puede revelar su verdadero nombre. Se quedó doce años y todavía sigue con ellos. "Empezamos como familia de tránsito. No estaba en nuestro plan algo más extenso, pero se fue dando la situación y lo asumimos", recordó Ana María, de 64, docente.
Nicolás nació en una familia con distintos problemas; entre ellos su mamá tenía 14 años. Siendo bebe, los Martínez lo recibieron en su casa hasta que se decidiera el destino final. Pero pasaron tres años y todo seguía igual. De pronto la mamá y la abuela biológica lo reclamaron para que regrese. "Se dio vuelta la situación: antes dormía en casa y lo llevábamos los fines de semana a la suya. Después nos tocó a nosotros verlo menos días", contó Emilio, de 67.
"Cada vez que íbamos a verlo se nos hacía un nudo en la garganta, ya que a él se le caían las lágrimas cuando nos íbamos", dijo Ana María. Pero esta situación duró sólo un año. Los mismos familiares que habían pedido el regreso de Nicolás decidieron darlo de nuevo en acogimiento.
La relación entre las familias no es nada fácil. "Nos llevó varios años entrar en confianza con la familia de origen. Desconfiaban de nosotros. Creían que le queríamos robar al chico", indicó Ana María.
Con el tiempo, los Martínez no sólo fueron sostén para Nicolás, sino que se involucraron con toda la familia: "Hace un tiempo la abuela tuvo un problema de salud y lo llamó a Emilio, ya que no tenía a quién acudir", dijo.
Matilde Luna, magister en Minoridad y Familia y especialista en acogimiento familiar, opinó sobre los conflictos entre las dos partes: "No siempre se puede llegar a un acuerdo con las familias de origen. Tampoco hay que dejarlas de lado. Pero hay que ser realistas y ver cómo incluirlas en la medida en que se pueda".
Hay situaciones en que el chico no puede volver con los padres biológicos, aunque no por eso dejan de quererlo. Un ejemplo, cuando los papás tienen dificultades mentales. En este caso, muchas veces la convivencia es imposible, pero "tampoco le podés sacar la patria potestad del chico. Ahí el acogimiento pasa a ser una buena alternativa", explicó.
Según Luna, el acogimiento familiar es una opción que se utiliza cada vez más en el país: "Es una situación intermedia que permite preservar el derecho de los niños de vivir en familia y comunidad, como estipula la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas".
SUBTÍTULO: Por pocos meses
La beba pesaba 2,8 kilos; no lloraba; no demandaba comida. Tenía un mes cuando Patricia Moras, de 49 años, cinco hijos, la recibió en su casa. "Decían que tenía hospitalismo. No tenía incentivos. Entonces, al poco tiempo, cuando empezó a sonreír en casa era una fiesta. Ahora la beba parece otra", contó emocionada Moras, que preside Familias de Esperanza.
No sabe cuánto tiempo más la va a tener. En general, los niños que pasaron por su familia fueron en períodos de corto plazo, por algunos meses. "Este tipo de experiencias te cambian la vida. Es diferente a todo. Hace que en tu casa se produzca una toma de conciencia de toda la familia, que empiecen a valorar todas las pequeñas cosas de la vida", dijo.
Hogares de Belén es el nombre del servicio de acogimiento a corto plazo que realiza el Movimiento Familiar Cristiano. "La función es brindar un hogar a los chicos para no mandarlos a un orfanato. Por eso ponemos a disposición los matrimonios de nuestro movimiento", dijo Mario Etcheverry, presidente nacional de la institución que este año cumple 100.
Hoy, Blanca Burgos tiene 33 años y una vida normal: está casada desde hace diez con un ex compañero de colegio de Colonia Urquiza, disfruta de sus dos hijos y trabaja en la Fundación Emmanuel.
"¿Qué hubiese sido de mí sin ellos? Doy gracias a Dios que los encontré", dijo Burgos mientras cruzaba una mirada cómplice con mamá Elvira.
RECUADRO: Links
- Fundación Emmanuel: http://www.emmanuel.org.ar/ , emmanuel@emmanuel.org.ar
 (0221) 491-4555 (La Plata)
- Movimiento Familiar Cristiano: http://www.mfc.org.ar/ , mfcarg@infovia.com.ar
4361-2192
- Familias de Esperanza: 4719-6738 4794-0403, familiasdeesperanza@sinectis.com.ar, http://www.familiasdeesperanza.com.ar/

En Tucumán, la familia de Ana Gisella Castillo sigue esperando justicia

Ana Gisella Castillo habría muerto como consecuencia
de una maniobra criminal de Juan Orlando González
en el kilómetro 1340 de la Ruta Nacional 9.
La adolescente tenía 15 años cuando murió como consecuencia de una maniobra presuntamente criminal de Juan Orlando González, el 17 de enero de 2010, sobre la ruta 9, a la altura de la localidad de Choromoro. Ella iba en el asiento trasero del Renault 12 que conducía su papá, en el que también viajaban su mamá y dos hermanos. Los sobrevivientes se salvaron de milagro. González, que los embistió con un Jeep Ika, también está acusado de un hecho similar ocurrido en 2007.
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La causa se elevaría a juicio antes de fin de mes.
Está tramitándose en la Fiscalía 6 de Instrucción en lo Penal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a cargo de Adriana Reynoso.
El imputado, Juan Orlando González, un mecánico de 63 años, está acusado de homicidio y lesiones culposos, que habría provocado a bordo de su vehículo Jeep Ika el domingo 17 de enero de 2010.
Ese día, la familia Castillo viajaba en su Renault 12, con papá Mario al volante, mamá Silvia de acompañante y sus hijos Paula, Facundo y Gisella en el asiento trasero.
Venían por la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1340, localidad de Choromoro, volviendo de San Pedro de Colalao, que queda más al norte, hacia la capital provincial.
Delante de ellos iba el vehículo de González, que, de repente, sin hacer señales, se fue a la banquina.
Luego, sin darles tiempo a nada, volvió violentamente hacia el asfalto y chocó con sus enormes paragolpes el lado derecho del Renault 12.
Ana Gisella, de 15 años, murió como consecuencia del impacto, y el resto de la familia recibió heridas de diversa gravedad.
"Hay que seguir presionando para que la causa se eleve a juicio", dice Mario Castillo y destaca que un argumento clave contra el imputado es que es reincidente.
Juan Orlando González tiene otra causa elevada a juicio.
Habría provocado lesiones culposas en el año 2007, supuestamente también a bordo del Jeep, contra el señor Martín Ibarra y su esposa.
"Queremos que a González le den una condena de cumplimiento efectivo", dice Pablo Álvaro Castillo, hermano de Gisella.
"Son muchas muertes en hechos de tránsito a nivel nacional, esto no puede seguir pasando, la manera de pararlo es con la condena", concluye el procurador y hermano de la víctima fatal.

Gastón Bustamante, asesinado hace nueve años, podría tener justicia mañana

Fotografía que usó la Policía Bonaerense
para buscarlo mientras estaba prófugo.
Ricardo Andrés Rossi podría ser condenado
por el crimen de Gastón Bustamante.
El chico de 13 años murió de un tiro en el corazón el 28 de abril de 2002 en el partido bonaerense de Merlo. Ricardo Andrés Rossi, de 43 años, está acusado de ser el autor del disparo. Continúan libres el ex policía bonaerense y los otros tres hombres que habrían actuado como coautores o cómplices.
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La sentencia se leerá mañana martes 28 de junio a las 10 en el Tribunal Criminal número 4 de Morón.
El fiscal Patricio Pagani pide que el ex empleado de seguridad privada Ricardo Andrés Rossi reciba 20 años de cárcel por el homicidio cometido hace nueve.
Quien reclama la absolución es el abogado defensor, Marcelo Rossi, que tiene algunas particularidades sorprendentes.
"Además de hermano de su cliente, sería el dueño del arma que llevaba éste el dia del crimen, lo confirmaron todos los testigos", dice Héctor Ibarra, de Limay, una organización de familiares de víctimas que espera un fallo ejemplar.
El hecho ocurrió el 28 de abril de 2002 en la vereda de una casa ubicada en Balcarce y Bouchard, partido bonaerense de Merlo.
Un grupo de adolescentes festejaba un cumpleaños cuando un Renault 12 estacionó a pocos metros.
Un hombre bajó, realizó varios disparos apuntando contra la vivienda y subió nuevamente al vehículo, que escapó a toda velocidad.
Uno de los balazos le dio en el corazón a Gastón Bustamante, de 13 años, un invitado, que se desvaneció y murió desangrado en los brazos del resto de los presentes.
Según varios testigos, el autor de los tiros fue Rossi, que es vecino de la zona.
El móvil habría sido vengarse del dueño de casa, papá del chico que cumplía años, que un rato antes lo había enfrentado a trompadas cerca de allí.

Otro tiroteo fatal
Cuando los investigadores fueron a buscar a Ricardo Andrés Rossi, el hombre había desaparecido.
Presuntamente, su regreso fue dos años después, en 2004, cuando los policías que tocaron el timbre de su casa fueron recibidos con más balazos.
Después del tiroteo, el padre de Rossi se declaró culpable de la muerte de otro vecino que, sin tener nada que ver con la trifulca, recibió un disparo fatal.
La confesión fue aceptada, por lo que el autoincriminado permanece preso.
Al año siguiente, en 2005, la justicia declaró inocente a un ex policía bonaerense sospechado de complicidad en el crimen del chico Gastón Bustamante.
Los jueces Aníbal Termite, Osvaldo Cedarri y Susana Ragonese, del Tribunal Oral Criminal 2 de Morón fallaron contra el testimonio de varios testigos que señalaron al ex efectivo como conductor del Renault 12, en el que, en total, se supone que iban cinco personas.
"En ese juicio, la actuación de los jueces y el fiscal Javier Kiper fue lamentable", denuncia Roberto Bustamante, papá de Gastón.
"Esperamos que el martes la Justicia actúe con mayor valentía y condene al asesino", agrega.
Se refiere a Ricardo Andrés Rossi, que fue detenido en febrero de 2010 en la provincia de Chaco por miembros de la Dirección Departamental de Investigaciones de Morón.
Desde entonces, tiene un abogado con algunas particularidades sorprendentes.

miércoles, 22 de junio de 2011

La familia de Adrián Ricardo Domínguez sigue esperando justicia en la Matanza

Adrián Ricardo Domínguez tenía 25 años cuando murió
de un balazo en la localidad de Gregorio de Laferrere.
El joven tenía 25 años cuando murió de un balazo, el 5 de septiembre de 2010, en la vereda de un boliche de ese partido bonaerense. Emanuel Eduardo Estigarribia, actualmente de esa misma edad, está detenido, acusado del homicidio y de provocarles lesiones leves y graves a otras dos personas. La familia de la víctima y la Asociación Madres del Dolor piden que la causa sea elevada a juicio.
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Emanuel Edgardo Estigarribia (en ese momento de 24 años) disparó siete u ocho veces a mansalva, asomándose por la ventanilla del remise al que acababa de subirse, mientras el vehículo se alejaba.
Uno de los tiros mató a Adrián Ricardo Domínguez (25), que se desangró como consecuencia de la herida que recibió en su arteria principal.
Además, Jonatan Gallardo (26), amigo de este último, fue herido en un brazo, y otro joven, en una pierna.
Ninguna de las víctimas conocía de antemano al agresor, ni había tenido contacto con él esa noche.
Un cuarto disparo acabó con la vida de un perro que estaba echado cerca del lugar.
Todo ocurrió cuando Estigarribia salió del boliche Cubano de Gregorio de Laferrere, partido bonaerense de La Matanza, a las 6.20 del 5 de septiembre de 2010, ante la mirada estupefacta de una decena de personas.
Con el agresor iban dos mujeres, que se fueron en el mismo remise.
Desde entonces, el autor de los disparos estuvo prófugo hasta el 29 de enero de 2011, cuando efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de la Matanza lo detuvieron, supuestamente con documentación falsa, en la provincia de Corrientes.
Actualmente está detenido, acusado de homicidio, lesiones leves y graves.
Tiene un antecedente por portación ilegal de arma de fuego, que data del año 2007.
"Pido que se sepa la verdad y que le hagan justicia a mi hijo inocente", dice Elba Vera, la mamá de la víctima fatal.
La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción número 1 de Gregorio de Laferrere, Tribunales de La Matanza.
La fiscalía pediría la elevación a juicio en los próximos meses.
La investigación incluye al empleado del servicio penitenciario bonaerense Gabriel Marcelo Speratti, de 24 años, que es acusado de encubrimiento agravado por su condición de funcionario público.
Los investigadores también intentan determinar el rol de otras tres personas en el hecho: el chofer del remise y las dos amigas que se subieron al vehículo con Estigarribia.
Mientras tanto, sigue perdida el arma 9 milímetros que mató a Adrián Ricardo Domínguez.
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FUENTE: sitio web Diario NCO
ENLACE: http://diarionco.com/hoy/2010/11/15/madre-sigue-pidiendo-justicia-por-la-aberrante-muerte-de-su-hijo/
FECHA: 15 de noviembre de 2010
AUTORA: Soledad Saliola
SECCIÓN: La Matanza
VOLANTA: Laferrere
TÍTULO: Madre sigue pidiendo justicia por la aberrante muerte de su hijo
BAJADA: Al joven lo alcanzó un disparo que le atravesó el pulmón, en medio de una balacera provocada por un individuo que había salido de un boliche de esa zona. El imputado fue reconocido y continúa prófugo.
DESARROLLO: Adrián Ricardo Domínguez tenía 25 años de edad cuando el pasado 5 de septiembre fue junto a dos amigos a cercanías de un boliche de Gregorio de Laferrere de donde salió un sujeto que disparó a mansalva, causando su muerte y heridas a los otros jóvenes que lo acompañaban.
El tirador fue identificado como Emmanuel Eduardo Estigarribia, de 24 años, quien habría sido ayudado a fugarse tras el hecho por un amigo policía llamado Gabriel Speraltti. Elba Vera, la madre del joven asesinado, se pregunta cómo puede ser que a tres meses del homicidio, todavía no hayan podido dar con el acusado, siendo que las pesquisas tienen el dato de que se encuentra escondido en la provincia de San Luís, y que el imputado ya tenía otra causa por posesión de arma.
Con todo el dolor de madre, con toda mi angustia y tristeza porque a mi hijo me lo quitó este individuo, pido que se haga justicia”, manifestó Elba.
Con idéntico desconsuelo, la mujer relató la absurda manera en que perdió a su único hijo: “Estaba con dos amigos, salieron a dar una vuelta alrededor de las 6 y fueron directo al boliche que se encuentra ubicado en Gregorio de Laferrere llamado Cubano; no ingresaron, se quedaron afuera, al costado. Del lugar salio un individuo insultando, agrediendo a quien se le cruzaba; empezó a disparar con una 9 milímetros, a tirar por tirar sin ningún derecho de quitarle la vida a nadie; una bala le traspasó el pulmón a Adrián, a uno de los amigos le dio en el brazo y al otro chico en la pierna”.
Elba recalca que el imputado “tubo un cómplice amigo llamado Speraltti Gabriel, un ‘policía’, que lo ayudó”. “Eduardo Estigarribia se encuentra supuestamente en la provincia de San Luís pero no logran ubicarlo, pese a los datos aportados, y sabiendo que hay un policía amigo que perfectamente sabe dónde está”, precisó.
Es que ese presunto encubridor, según le comunican a Vera desde la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 Descentralizada, se niega a declarar.
La causa por este crimen está caratulada como “homicidio”, además “con lesiones leves”, por los disparos que impactaron en los compañeros de Domínguez. En la instrucción de la misma interviene el fiscal Garate, con quien la madre pudo hablar a partir de que recibió el acompañamiento y la guía de la Asociación Madres del Dolor.
El fiscal dice que fue muy aberrante lo que este sujeto hizo. Me pidió paciencia, pero pasa el tiempo y este sujeto sigue prófugo. Muchas veces pienso que esto va a quedar impune por el hecho de tener dinero”, se lamentó Elba.

sábado, 18 de junio de 2011

Las Madres del Dolor se sientan en la mesa de seguridad del barrio porteño de Floresta

17 de junio de 2011, ex centro clandestino de detención
El Olimpo. Silvia Irigaray y Elvira Torres -de frente,
en la cabecera más lejana- durante la Mesa Barrial
de prevención Comunitaria en Seguridad de Floresta.
Elvira Torres y Silvia Irigaray, integrantes de la Asociación, madres de víctimas del gatillo fácil y vecinas de la zona, participan de la iniciativa del ministerio de Seguridad de la Nación. Las primeras reuniones se hicieron en el ex centro clandestino de detención El Olimpo. A partir de ahora, el grupo se encontrará en El Corralón, otro espacio cultural emblemático.
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La prioridad de la Policía es cuidar al ciudadano común.
El Estado tiene el deber de proteger a la persona, la familia y la comunidad.
Los vecinos, a su vez, deben involucrarse en la elaboración, aplicación y mejora de las estrategias de seguridad que llevan a cabo las instituciones públicas.
Estas ideas básicas, que suenan tan naturales como respirar, son el origen de las Mesas Barriales de Prevención Comunitaria en Seguridad que funcionan desde hace algunos meses en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
Constituyen una de las novedosas medidas que está aplicando Nilda Garré, la ministra de Seguridad de la Nación, con el lema: El derecho a la seguridad, deber del Estado, obra de todos.
Elvira Torres y Silvia irigaray, integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor, madres de víctimas del gatillo fácil y vecinas de la zona, forman parte del grupo pionero en el barrio porteño de Floresta, que se reúne miércoles de por medio.
"Es un debate abierto, comunitario, libre de partidismos", dice Elvira Torres, mamá de Cristian Gómez.
Su hijo tenía 25 años cuando fue muerto de un balazo disparado a sangre fría por un policía uniformado el 29 de diciembre de 2001, en una estación de servicio que queda a la vuelta del edificio de departamentos donde todavía viven la mujer y el resto de la familia.
En el momento del hecho, Cristian estaba conversando inocentemente con unos amigos mientras miraban las noticias por televisión.
"Aunque la seguridad es un tema urgente, cuesta que el vecino se involucre, no estamos acostumbrados a escucharnos", dice Silvia Irigaray, mamá de Maxi Tasca, otra de las víctimas de la llamada Masacre de Floresta, tal es el bautismo que eligió el periodismo para el sangriento episodio que desembocaría en la condena de prisión perpetua para el policía federal Juan de Dios Velaztiqui.
Maxi, igual que Cristian, tenía 25 años.
Adrián Matassa, el tercer joven fusilado en aquel episodio absurdo y criminal, tenía dos años menos.
Ni Elvira ni Silvia podían imaginar que la angustia, la impotencia y la desesperación que sintieron al enterarse de la muerte de sus hijos, se convertiría en una energía fecunda que haría germinar la Asociación Madres del Dolor, fundada en 2004 por ellas y otras mujeres argentinas que perdieron a sus hijos inocentes en diferentes hechos de violencia.
Fue justamente como integrantes de esta organización civil y como vecinas de Floresta que decidieron involucrarse en la Mesa Barrial de Prevención Comunitaria en Seguridad.
Ellas y todo el grupo pionero de la Mesa empezaron juntándose en el ex centro clandestino de detención El Olimpo, cuyo acceso queda en Ramón Falcón 4250.
Pero ahora decidieron mudarse a El Corralón, otro espacio cultural emblemático de la zona, que tiene la entrada en Gaona 4660.
En la Ciudad de Buenos Aires, las mesas estarán en el radio de cada una de las 53 jurisdicciones de las comisarías de la Policía Federal Argentina.
Los vecinos que deseen realizar consultas o acercar propuestas deberán dirigirse por correo electrónico a participacioncomunitaria@minseg.gob.ar.
También pueden llamar al número gratuito 0800-555-5065 de prevención y control, o al 011-4809-1561 de la Dirección de Participación.
Ambos teléfonos pertenecen al Ministerio de Seguridad de la Nación.
A medida que el proyecto vaya expandiéndose por el resto de la ciudad y la Argentina, las mesas barriales integrarán a cada uno de los representantes de las organizaciones comunitarias e instituciones reconocidos por su trabajo social, deportivo y cultural.
Además, serán un órgano de control de la Policía, cuyas autoridades recibirán las inquietudes de los vecinos.
Algo que suena tan natural como respirar.
Eso que les impidieron para siempre a Cristian y Maxi, pero que Elvira Torres y Silvia Irigaray quisieran garantizar para todos.

jueves, 16 de junio de 2011

El Hospital Madariaga de Misiones, investigado por la muerte de una joven mamá




Jazmín Barbieri murió con una
infección generalizada, días después
de dar a luz. Investigan al Hospital
Madariaga de la ciudad de Posadas.
Jazmín Barbieri tenía 26 años, era completamente sana y tuvo un embarazo normal, que se complicó a último momento, con fuertes dolores. Julio Bimazal y el resto de los médicos que la atendieron, ignorando los ruegos de la familia, optaron por un parto natural e inmediatamente la enviaron a su casa, sin tomar ninguna precaución. La mujer murió con una infección generalizada siete días después, el 25 de mayo de 2011, en otra institución de salud.
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FUENTE: sitio web Noticias de la Calle
ENLACE: www.noticiasdelacalle.com.ar/ampliar.php?id=35372
FECHA: 15 de junio de 2011
SECCIÓN: Provinciales
VOLANTA: Familiares piden justicia tras la muerte de una joven que dio a luz la semana pasada
TÍTULO: Denunciaron caso de “mala praxis y abandono de persona” en el hospital Madariaga
BAJADA: En medio de un profundo dolor, mientras velaban los restos de Jazmín Barbieri (26), sus familiares afirmaron que en el Servicio de Maternidad del hospital Dr. Ramón Madariaga, la sometieron a un parto natural negándole el alumbramiento a través de una cesárea.
DESARROLLO: La mujer dio a luz a una niña de 4,500 kilos y sufrió un desgarro. Las heridas derivaron en una infección generalizada que desencadenó en la muerte, dejando a dos pequeños sin su madre. Jazmín se internó la semana pasada para dar a luz. De contextura pequeña, la joven -madre de un niño de dos años y una beba de tan sólo 8 días- había solicitado el parto por cesárea, teniendo en cuenta el peso de la beba. Su muerte “fue producto de una mala praxis y abandono de persona”, afirmaron los familiares, quienes esperan el accionar de la Justicia. En diálogo con Canal 2, expresaron que en el Madariaga “los médicos sólo le realizaron los análisis de rigor, a pesar de que Jazmín se quejaba por los fuertes dolores”. Esos dolores, sumados a un estado febril motivaron a que su familia la llevara nuevamente al hospital, donde horas antes había sido dada de alta. “Los doctores dijeron: ella no tiene nada, todo está bien; mientras esto sucedía, la infección avanzaba”, dijo la hermana de Jazmín. Por su parte, Hugo Carlos Escobar, esposo de la joven fallecida, expresó: “Jazmín ingresó al hospital como cualquier mujer que va a dar a luz, pero las cosas se complicaron, no recibió la atención correspondiente y ahora la estoy velando porque los médicos no la atendieron como deberían, ni la medicaron”. Agregó que su esposa “era una mujer sana, no tenía ningún problema de salud”. Manifestó además que “como el parto fue forzoso, ella sufrió un desgarro interno porque la beba pesó 4,500 kilos y le negaron la cesárea. El miércoles de la semana pasada nació mi beba, el sábado le dieron el alta. Jazmín estuvo cuatro horas en casa y la internamos nuevamente porque se sentía muy mal. Los médicos la internaron, pero hasta el lunes -cuando la operaron-, no recibió medicación para detener la infección. Mi suegra la higienizaba porque no fue atendida como un ser humano”, subrayó y agregó que la infección avanzó, afectando órganos vitales, desencadenando la muerte de la joven madre. Sin consuelo, rodeado de familiares y amigos, el viudo clamó por justicia: “no pueden devolverme a la madre de mis hijos, pero pedimos justicia para que esto no vuelva a suceder”, dijo Escobar en medio de lágrimas. Tras la denuncia de los familiares, el juez de Instrucción, Ricardo Balor, ordenó una autopsia e inició una investigación para establecer las causas de la muerte.
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FUENTE: LT4 Digital
ENLACE: www.lt4digital.com/noticia.php?i=127077
FECHA: 27 de mayo de 2011
TÍTULO: Realizan una investigación interna en el Hospital Materno Neonatal por la muerte de Jazmín Barbieri
BAJADA: Así lo aseguró el director Ejecutivo del Nuevo Hospital Materno Neonatal, Hugo Alejandro Ocampo a LT 4. “Se elaboró una investigación interna, se ha estudiado la historia clínica, y dentro de los marcos legales, la Justicia determinará las responsabilidades correspondientes. No hubo mala praxis” aseguró.
DESARROLLO: El director Ejecutivo del Nuevo Hospital Materno Neonatal, Hugo Alejandro Ocampo “tanto la Dirección como todo el plantel médico lamenta la muerte de Jazmín Barbieri, es un sentimiento de no haber cumplido con el deber. Como directivos queremos que se aclare y trabajamos en ese sentido”.
Consultado acerca de por qué no se deja a las madres estar acompañadas en el parto, Ocampo respondió que “bueno, haciendo una generalización de esta situación, puede ser probable que no se cumple con todos los aspectos de la ley. Nosotros somos una gestión nueva, asumimos hace poco, y lógicamente que una de las premisas es que se cumpla paso a paso. Apuntamos a que sea una maternidad segura. Cambiar una situación de mucho tiempo, cuesta, pero queremos lograrlo”.
Y agregó “Estamos en una etapa de transición. Y creo que el nuevo Hospital ya está dando señales de querer ir cumpliendo con la ley de parto humanizado”.
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FUENTE: El diario de Misiones
ENLACE: www.primeraedicionweb.com.ar/nota/impreso/64110/murio-luego-de-dar-a-luz-y-denuncian-mala-praxis-en-el-hospital-materno.html
FECHA: 26 de mayo de 2011
SECCIÓN: Información General
TÍTULO: Murió luego de dar a luz y denuncian mala praxis en el hospital Materno
BAJADA: Sufrió una infección generalizada después de un parto natural en el que nació una niña de 4,5 kilos. “Nos dijeron que el problema de ella era psicológico”, contaron.
DESARROLLO: Jazmín Barbieri tenía 26 años y la ilusión de ser madre por segunda vez. El miércoles de la semana pasada ingresó al Hospital Materno Neo Natal con el vientre a punto de estallarle, suplicando por favor ser sometida a una cesárea.
“Aquí el médico soy yo y decido si el parto es natural o por cesárea y vos vas a tener natural”, le habría dicho el profesional que la asistió.
Y así fue: alumbró una beba de 4,5 kilos, pero estando completamente sedada, ya que se había quedado sin fuerzas de tanto empujar inútilmente a la criatura.
Casi una semana después de sufrir intensos dolores -y cirugía de por medio- murió en terapia intensiva del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, como consecuencia de una infección generalizada.
Los familiares ayer aún no podían salir de la conmoción y la tristeza ante semejante desenlace.
“Era una joven llena de vida, madre de un niño de 2 años y medio y de una beba de cinco días”, expresó la hermana, Carterine Barbieri (38), acongojada, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, mientras esperaba el traslado del cuerpo a la morgue judicial.
De acuerdo al relato cronológico realizado por sus familiares, Jazmín dio a luz el miércoles 17 de mayo y el sábado al mediodía recibió el alta.
“Mi hermana tuvo un desgarro interno debido al parto, le dieron el alta sin higienizarla, sin antibiótico sin nada, solo con un diclofenac; cuando fue al baño en su casa para lavarse sintió olor a podrido y comenzó a tener fiebre y mucho frío, según nos contó”, señaló Carterine. Casi al caer la noche, y sintiéndose descompuesta, Jazmín llamó a sus familiares para contarles lo que le estaba pasando. “Entonces la llevamos nuevamente a Maternidad y una doctora en tono enojado le dijo ‘¿cómo que estás mal? Si te dieron el alta tenés que estar bien’. Entonces empezamos a cuestionarla, cómo no le dieron un antibiótico. La médica reaccionó diciendo que la iba a revisar. ‘A ver sacate la ropa’; mi hermana tenía la panza hinchada. Después de hacerle un par de preguntas le dijo ‘vos no tenés nada’, si querés podés quedarte internada. Le dijimos que ella tenía una infección, que le diera algún antibiótico, pero nos contestó que iba a hacer un cultivo y un hemograma”.
Siempre conforme al testimonio de Carterine, el domingo su hermana le llamó a la mamá en forma urgente porque no aguantaba el dolor.
“Mi mamá fue a cuidarla, pero durante todo el día no apareció ningún médico, ni siquiera el de guardia. Mi hermana le dijo ‘acá nadie me atiende, no puedo más, se me hinchó el estómago, tengo olor a podrido, estoy gritando y nadie me hace caso’. La enfermera le dijo que recién el lunes iban a estar los resultados de los análisis y que el dolor era normal en esos casos”, explicó.
Posteriormente un médico “me dice lo que tiene su hermana es un problema psicológico que le pasa a muchas mujeres después del parto; ‘yo hasta acá llego, le dejo en manos de la jefa de salud mental, estos casos no son orgánicos’”.

SUBTÍTULO: Una operación inesperada y el desenlace
El lunes al mediodía Jazmín fue derivada al Hospital Escuela, en una ambulancia, gracias a las gestiones de una tía que se desempeña como enfermera en este centro asistencial.
“Cuando estaba saliendo de Maternidad para acompañarla a mamá, veo que a mi hermana la sacan en camilla y la suben a la ambulancia; me dicen que la estaban llevando al nuevo hospital; me voy allá y después de media hora sale un médico y me dice ‘esto pasó en Maternidad, su hermana tiene una infección generalizada, está descompensada, con taquicardia, vamos a hacer lo imposible para salvarle la vida”, relató Carterine.
Instantes después, el profesional pidió una autorización para operar a la paciente, la cual fue firmada por el esposo.
“Le abrieron el abdomen y constataron que tenía pus en todos los órganos vitales, pulmón, riñón, hígado; “tenemos que dejarla abierta 48 o 72 horas para hacerle un lavaje’, eso fue a las 15; mi hermana fallece a las 3 de hoy, los médicos hicieron lo posible por salvarla”.
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FUENTE: sitio web Noticias de la Calle
ENLACE: www.noticiasdelacalle.com.ar/ampliar.php?id=35372
FECHA: 15 de junio de 2011
SECCIÓN: Provinciales
VOLANTA: Familiares piden justicia tras la muerte de una joven que dio a luz la semana pasada
TÍTULO: Denunciaron caso de “mala praxis y abandono de persona” en el hospital Madariaga
BAJADA: En medio de un profundo dolor, mientras velaban los restos de Jazmín Barbieri (26), sus familiares afirmaron que en el Servicio de Maternidad del hospital Dr. Ramón Madariaga, la sometieron a un parto natural negándole el alumbramiento a través de una cesárea.
DESARROLLO: La mujer dio a luz a una niña de 4,500 kilos y sufrió un desgarro. Las heridas derivaron en una infección generalizada que desencadenó en la muerte, dejando a dos pequeños sin su madre. Jazmín se internó la semana pasada para dar a luz. De contextura pequeña, la joven -madre de un niño de dos años y una beba de tan sólo 8 días- había solicitado el parto por cesárea, teniendo en cuenta el peso de la beba. Su muerte “fue producto de una mala praxis y abandono de persona”, afirmaron los familiares, quienes esperan el accionar de la Justicia. En diálogo con Canal 2, expresaron que en el Madariaga “los médicos sólo le realizaron los análisis de rigor, a pesar de que Jazmín se quejaba por los fuertes dolores”. Esos dolores, sumados a un estado febril motivaron a que su familia la llevara nuevamente al hospital, donde horas antes había sido dada de alta. “Los doctores dijeron: ella no tiene nada, todo está bien; mientras esto sucedía, la infección avanzaba”, dijo la hermana de Jazmín. Por su parte, Hugo Carlos Escobar, esposo de la joven fallecida, expresó: “Jazmín ingresó al hospital como cualquier mujer que va a dar a luz, pero las cosas se complicaron, no recibió la atención correspondiente y ahora la estoy velando porque los médicos no la atendieron como deberían, ni la medicaron”. Agregó que su esposa “era una mujer sana, no tenía ningún problema de salud”. Manifestó además que “como el parto fue forzoso, ella sufrió un desgarro interno porque la beba pesó 4,500 kilos y le negaron la cesárea. El miércoles de la semana pasada nació mi beba, el sábado le dieron el alta. Jazmín estuvo cuatro horas en casa y la internamos nuevamente porque se sentía muy mal. Los médicos la internaron, pero hasta el lunes -cuando la operaron-, no recibió medicación para detener la infección. Mi suegra la higienizaba porque no fue atendida como un ser humano”, subrayó y agregó que la infección avanzó, afectando órganos vitales, desencadenando la muerte de la joven madre. Sin consuelo, rodeado de familiares y amigos, el viudo clamó por justicia: “no pueden devolverme a la madre de mis hijos, pero pedimos justicia para que esto no vuelva a suceder”, dijo Escobar en medio de lágrimas. Tras la denuncia de los familiares, el juez de Instrucción, Ricardo Balor, ordenó una autopsia e inició una investigación para establecer las causas de la muerte.
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FUENTE: LT4 Digital
ENLACE: www.lt4digital.com/noticia.php?i=127157
FECHA: 1º de junio de 2011
TÍTULO: La familia de Catherine Barbieri pide audiencia con la Vicegobernadora
BAJADA: En diálogo con LT 4, la hermana de Jazmín Barbieri, quien falleció la semana pasada en el Hospital Materno Neonatal, Catherine, dijo que "pedimos alguna audiencia con la vicegobernadora Sandra Giménez. Se que nada nos va a devolver a mi hermana, pero necesitamos que nos escuchen".
DESARROLLO: A una semana de la muerte de Jazmín Barbieri, quien murió después de tener a su beba en el hospital Neonatal del Madariaga producto de una infección interna, su hermana, Catherine Barbieri, expresó que “estamos muy unidos todos, tratando de contenernos. Es muy difícil, hay demasiada impotencia junta. Y ahora solo nos queda confiar en Dios, en que se va hacer justicia”.
Asimismo, Catherine manifestó que “yo estoy pidiendo alguna audiencia con la vicegobernadora Sandra Giménez, la he llamado pero no he podido comunicarme con ella. Pedimos que nos escuchen, aunque se que nada nos va a devolver a mi hermana”.
Finalmente, y consultada acerca de si realizarán acciones legales, Barbieri respondió que “si. Pero en estos momentos todo es muy reciente. Al menos pudimos saber el nombre del obstetra que le practicó el parto, el que no quiso que mi hermana tenga a su beba por cesárea. Se llama Julio Bimazal” aseguró.

Ricardo Lorenzetti: "Las Madres del Dolor deben sentar un precedente con su lucha"

Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
El presidente de la Corte Suprema recibió a las integrantes de la Asociación, que le propusieron mejoras en las leyes y el funcionamiento del Poder Judicial. El ministro les dijo que considera que su reclamo es "legítimo" y les expresó su apoyo.
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"Las Madres del Dolor deben sentar un precedente con su lucha, no deben bajar los brazos", dijo Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema.
Fue durante el encuentro que compartió el miércoles 15 de junio con las integrantes de la Asociación en el Palacio de Justicia, que tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires.
"El reclamo de ustedes es legítimo", agregó el ministro del máximo tribunal.
Viviam Perrone, Marta Canillas, Silvia Irigaray, Isabel Yaconis y el abogado Claudio Mazaira, representante legal ad honorem de la organización civil, lo visitaron para proponerle mejoras en las leyes y el funcionamiento del Poder Judicial.
Dos de los proyectos legislativos que conversaron son la creación de un Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, y la reforma del artículo 84 del Código Penal y su consiguiente correlato con el artículo 94, sobre el abandono de persona en hechos de tránsito.
Ambos tienen aceptación en varios bloques de ambas cámaras del Congreso Nacional, pero están demorados desde hace años.
Lorenzetti dijo que está a favor de este tipo de legislación, porque "facilita la fuente de la prueba".
Sugirió que la Asociación podría armar "un seminario con diputados y senadores, para discutir estos proyectos en forma técnica".
Las Madres del Dolor también expresaron su preocupación por el caso de Rafael Sal Lari, el polémico magistrado de San Isidro actualmente sometido a juicio político, acusado de liberar indebidamente a asesinos y violadores.
El titular del máximo tribunal reconoció que "hay discrepancias sobre el accionar de los jueces" y que "el resultado de los procesos no debería depender de los hombres en cuyas manos caen las causas".
Respecto de la legislación sobre los menores, particularmente aquellos que cometen delitos, Lorenzetti dijo que "ya se pidió una ley penal juvenil", aunque aclaró que el tema "necesita presupuesto".
Las integrantes de la Asociación también le preguntaron sobre la habitual lentitud del Poder Judicial, a lo que el presidente de la Corte respondió que el sistema argentino "favorece el derecho a la defensa, pero hay que acortar los procesos".
Lorenzetti explicó que hay tres soluciones para este problema: la primera es aplicar tecnología informática en la gestión de las causas; la segunda, nombrar más jueces ("el 30% de las vacantes no estan cubiertas en la Justicia Federal, hay 150 pliegos de jueces postergados, que no se designan"); y la tercera, mejorar la legislación (por ejemplo, "se deberían hacer más juicios abreviados, lo que no significa sentencias más leves").
Como conclusión de su encuentro con las Madres del Dolor, Ricardo Lorenzetti reiteró el aliento para el trabajo de la organización.
Reconoció que, lamentablemente, "los problemas de los argentinos se declaran pero no se solucionan, se trasladan".

miércoles, 15 de junio de 2011

Cuestionan al fiscal Jorge Strauss por su actuación en el caso del sacerdote Mercau

El sacerdote José Antonio Mercau quedaría
libre dentro de unos meses, aunque está acusado
de abusar sexualmente de cinco menores
Según las pericias, José Antonio Mercau abusó sexualmente de cinco chicos de entre 12 y 17 años cuando era responsable de un hogar del partido bonaerense de Tigre. Sin embargo, desde el año que viene tendría salidas transitorias. Si esto sucede, la abogada de las víctimas, Mariana Zárate, y la Asociación Madres del Dolor pedirán la destitución del funcionario por mal desempeño.
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José Antonio Mercau (54) tendría salidas transitorias desde 2012.
Eso es lo que conseguiría la defensa del sacerdote, tras acordar un juicio abreviado con Jorge Strauss, el fiscal del caso.
En contraste con la brevedad del proceso mencionado, la lista de acusaciones, agravantes e indicios que complican a Mercau es tan extensa que cuesta leerla de corrido.
El imputado debe responder por los siguientes delitos: corrupción reiterada de menores (cuatro hechos), abuso sexual agravado por acceso carnal reiterado (dos hechos), abuso sexual agravado por sometimiento sexual gravemente ultrajante, abuso sexual perpetrado en forma continuada y calificada por la condición de autor y convivencia preexistente con menores; se suma otra causa acumulada, también por abuso sexual agravado y situación de convivencia preexistente con menor de 18 años.
"Las pericias psicológicos que se hicieron con los chicos dieron abuso, los testimonios son coincidentes y sólidos, el cura se negó siempre a someterse a una pericia", explica Mariana Zárate, abogada del particular damnificado.
"De madrugada nos venía a buscar y nos llevaba a su dormitorio, pasaba hasta dos veces por semana y el sábado, empezaba con besos en la boca y después se rezarpaba", se lee en una de las declaraciones de los menores.
"Si el acuerdo entre Strauss y la defensa del acusado prospera, haremos una denuncia formal", dice Mariana Zárate, con el respaldo del resto de los abogados que acompañan a los familiares de las víctimas y de la Asociación Civil Madres del Dolor.
Para empezar, la presentación contra Jorge Strauss se haría ante su superior, el fiscal general.
Técnicamente, debería responder por el delito de prevaricato (comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público), establecido en el artículo 271 del Código Penal, que prevé desde multas hasta la inhabilitación para ejercer la profesión.
El siguiente paso sería pedir su destitución por mal desempeño ante el jurado de enjuiciamiento, el cuerpo previsto para examinar a los funcionarios judiciales.

Silencios y coincidencias
Mercau estuvo casi veinte años en la parroquia del barrio López Camelo, en el partido bonaerense de Tigre.
Allí levantó el Hogar San Juan Diego, al que concurrían varones de entre 12 y 17 años, y un Centro de Apoyo Escolar para ellos y otros chicos del barrio.
Hasta que en mayo de 2005, cuatro de esos adolescentes se quebraron ante sus docentes e hicieron una denuncia que nadie esperaba.
Según los jóvenes, el cura abusaba sexualmente de ellos, en algunos casos, desde 2001.
En dos de esos casos dijeron que hasta los violó.
Después de las denuncias, Mercau dejó la parroquia y el Hogar y estuvo casi dos meses detenido en una comisaría de Benavídez.
Entre las idas y venidas de la causa judicial, el sacerdote fue beneficiado con la excarcelación.
El obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, que se mantiene en silencio sobre el tema, envió a Mercau al convento de monjes benedictinos en Los Toldos.
Posteriormente, el cura volvió a la fiscalía de Tigre para responder por una quinta denuncia y regresó a los Toldos, pero en condición de detenido.
Actualmente el sacerdote está preso en la Unidad 41 del partido bonaerense de Campana, en un régimen de mediana seguridad.
Mientras tanto, la vida continúa, con llamativas coincidencias entre José Antonio Mercau y un personaje inesperado.
Es Carlos Carrascosa, condenado por el crimen de su mujer, María Marta García Belsunce.
Para empezar, un dato que aparentemente dice poco, el religioso y el viudo están alojados en la misma cárcel.
Otra casualidad es que Diego Molina Pico, el fiscal desplazado de la causa de María Marta, fue el antecesor de Strauss en el caso del sacerdote.
Mariana Zárate, la abogada de los chicos presuntamente abusados, recuerda que el primero estaba haciendo un buen trabajo.
"Hablé personalmente con Rodrigo Caro, el fiscal general adjunto, y le pedí que mantuviera a Molina Pico", dice la mujer.
"Como la respuesta fue negativa, le sugerí que asignara a más de un fiscal, pero entonces Caro directamente evadió contestarme", agrega la abogada.
Luego se supo que Molina Pico, efectivamente, había hablado con cada uno de los chicos; todo lo contrario de lo que hizo Strauss, que no le tomó declaración a ninguna de las supuestas víctimas, con la excusa de que tenía suficientes pruebas.
Hay una coincidencia más entre Mercau y Carrascosa.
El viudo condenado por matar a su mujer y el sacerdote acusado de pederastía tienen el mismo abogado, Diego Ferrari, quien estaría detrás del acuerdo para que el religioso recupere parcialmente la libertad el año que viene.

lunes, 13 de junio de 2011

Colocarán una escultura por Mariano Witis en el partido bonaerense de San Isidro

13 de junio de 2011. Raquel Witis (mamá de Mariano)
con Elsita Gómez. Detrás de ellas, el Espacio para
 la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos (ex Escuela de Mecánica de la Armada),
de la Ciudad de Buenos Aires.
Es iniciativa de Raquel y Jorge, los padres del músico fusilado por un policía en el año 2000. La obra será de hierro y se instalará en su barrio, en la Plaza Nueve de Julio de la localidad de Martínez. La realizará gratuitamente el artista plástico Martín Graziano, amigo de la víctima.
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Esta es la carta enviada por Raquel y Jorge Witis al Consejo Deliberante del partido bonaerense de San Isidro.
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Martínez, 13 de junio de 2011.
Sra. Presidenta del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de San Isidro, Sra. Rita María Kuzis
S/D
De nuestra consideración:
Es de público conocimiento el desgraciado acontecimiento que privó a nuestra familia de nuestro primogénito Mariano Javier Witis el 21 de septiembre de 2000.
También es público que todos los meses desde la semana siguiente al hecho y durante tres años convocamos en la Plaza Nueve de Julio, distante cinco cuadras de nuestro domicilio, a un encuentro musical con la consigna Música por Justicia, Contra la Violencia y la Impunidad, por Mariano Witis.
A esos encuentros que se sucedieron mas esporádicamente posteriormente al juicio oral que ventiló en primera instancia el caso, asistieron múltiples artistas solidarios, renombrados y no tan populares, pero todos y cada uno brindaron su arte de corazón para resaltar los valores humanos mas sanadores y dignos con que mitigar el dolor y estimular la esperanza en un futuro mejor y en la reparación que la justicia puede proporcionar a las víctimas de la violencia, especialmente las de las agencias estatales, que es la que produce mayor sensación de desamparo.
Desde ya que en esa plaza del barrio jugó Mariano y sus hermanos con sus amigos y compañeros a lo largo de su infancia. En los años críticos que vivió el país los mismos vecinos de las asambleas autoconvocadas nacidas en diciembre de 2001 bautizaron el anfiteatro con su nombre.
Consideramos que uno de los factores que concurre siempre a evitar la repetición de los errores es el sostenimiento de la memoria perseverantemente, como han hecho los organismos de Derechos Humanos con el terrorismo de estado, y en esa dirección es que venimos a solicitar que se autorice la colocación de una escultura de Martín Graziano, artista plástico formado en el mismo Centro Polivalente de Arte de San Isidro en el que Mariano estudió música. Y lo hacemos con la conciencia cabal de que no debe haber lugar para improvisación de ninguna índole en una obra de estas características ya que entre otras cosas nuestra lucha nos acercó mucho a los papás de Marcelita Iglesias, la niña que perdió la vida aplastada por una escultura en el Paseo de la Infanta en Palermo, hija única de un matrimonio que batalló con el drama de la infertilidad a lo largo de años hasta lograr engendrarla y que hoy aún no ha obtenido siquiera la oportunidad de imputar a los responsables y conseguir su condena en un juicio.
Con la certeza de que el arte es el mejor vehículo de rememoración, de que embellecerá esta plaza que tanto disfrutamos los vecinos y a la cual se está remozando precisamente en estos días, y de que no nos anima ninguna vanidad sino el afán de grabar indeleblemente en la memoria colectiva lo que hay que proteger, es que acercaremos en la próxima sesión una cantidad de firmas de vecinos del partido y de otros pagos que nos dan el visto bueno y apoyan esta solicitud.
Con nuestros respetos.
Raquel y Jorge Witis.
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A continuación, recordamos el caso con una cobertura periodística.
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FUENTE: diario Página 12
ENLACE: www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-766-2003-09-01.html
FECHA: 29 de agosto de 2003
AUTORA: Luciana Peker
SUPLEMENTO: Las 12
SECCIÓN: Sociedad
TÍTULO: “La pena de muerte no existe, pero está en la calle”
BAJADA: El 21 de septiembre de 2000, Darío Riquelme tomó de rehén a Mariano Witis para proteger su huida después de un asalto. Los dos fueron fusilados por un oficial de la Bonaerense que no escuchó la rendición del primero ni la explicación del segundo. Raquel Witis y Ana María Liotto, sus madres, están juntas para reclamar justicia.
DESARROLLO: Hasta el 21 de septiembre de 2000, las vidas de Ana María Liotto y Raquel Witis estaban separadas. Raquel daba clases de informática en colegios bonaerenses, vivía con su marido (Jorge) y sus hijos Mariano, Fernando y Celeste. Ana María limpiaba casas y comercios para mantener sola a sus hijos Darío, Jesús, Eduardo y Débora en la casa que compartía junto a su mamá.
Darío Riquelme tenía 16 años y toreaba a su mamá. Mariano Witis tenía 23 y cantaba en fiestas familiares –con voz de tenor– rock, música caribeña o clásica. Darío jugaba al fútbol a dos cuadras de su casa, en el barrio de monoblocks Santa Rita. Mariano era miembro fundador del Coro de Jóvenes de San Isidro. Darío había caído preso algunas veces con los chicos con los que jugaba a la pelota. Mariano estudiaba canto en el Conservatorio Nacional de Música y era maestro de piano.
El 21 de septiembre de 2000, Darío y Mariano se cruzaron en San Isidro. Darío y otro chico lo tomaron de rehén a él y a su amiga Julieta Schappiro para asaltar un banco. Darío, en realidad, tenía un arma oxidada que no servía para disparar. Mariano no lo sabía, pero no se resistió. El robo fue rápido. Para huir, Darío y su amigo se subieron al auto de Julieta con Mariano y ella de escudos.
El Comando de Patrullas de San Fernando se enteró del asalto e inició una persecución. Las gomas del auto fueron las primeras en rendirse a los tiros. El chico que acompañaba a Darío huyó. El auto era de dos puertas y no había salida para los que estaban atrás: Darío tiró el arma para rendirse. Mariano creía que por fin terminaba un mal día. Pero el oficial Rubén Champonois se acercó al auto y disparó. Darío y Mariano murieron.
El 25 de agosto empezó el juicio oral y público contra el ex cabo de la Policía Bonaerense Rubén Emir Champonois, por el asesinato de Darío Riquelme y Mariano Witis. La mayoría de los diarios sólo titulan “juicio por la muerte de un inocente”. Pero Raquel y Ana María enfrentan juntas el juicio en donde todas las pruebas –incluso el testimonio del policía Gerardo Insaurralde– comprometen a Champonois y demuestran que hubo un doble fusilamiento.
Ellas esperan la sentencia y piden justicia, la verdadera, difícil y profunda justicia. La que no necesita de un boletín de calificaciones para que la muerte no sea injusta. “Las dos mamás sufrimos el mismo dolor”, refleja Ana María. “Nada nos va a devolver la vida de Mariano ni de Darío, pero queremos justicia”, remarca Raquel. Las dos podrían seguir enfrentadas. No sería difícil en la Argentina donde los medios juegan al poliladron y hay periodistas que festejan la muerte proclamando públicamente “Dios me perdone, uno menos” cuando acribillan a un asaltante en vivo y en directo. Sin embargo, Ana María y Raquel tomaron otro camino. “Para una madre la muerte de un hijo es una pequeña muerte porque la relación que establece la mamá desde la panza es diferente, yo no digo que sea mejor, ni más, ni menos, pero es distinta. Por eso, la entendí a Ana María como una mamá más –explica Raquel–. Darío también era su hijo.Tenía la misma relación, a lo mejor un poquito mejor, un poquito peor, que la que tenía yo con Mariano. Y le dije que ella también tenía que pelear, que su hijo había sido fusilado y solamente había robado unos pocos pesos.”
–¿Qué esperan del final del juicio?
Raquel: –Yo solamente espero verdad y justicia, porque si no castigamos las conductas salvajes de una persona que tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y produce muerte estaremos formando ciudadanos irresponsables, que no miran las consecuencias de sus actos y no tienen valores morales ni éticos. Champonois ni siquiera muestra arrepentimiento. Y él mató antes y después del asesinato de Mariano y Darío. El tenía una conducta sistemática. Por eso, si no lo castigamos le estamos diciendo que está bien que un policía sea juez y verdugo.
Ana María: –No quedan dudas de que fue él quien disparó contra los chicos, que no les dio oportunidad de nada: en el caso de Mariano de demostrar que no tenía que ver en el robo, y en el caso de mi hijo de que se entregara a la Justicia y que quedara detenido por lo que había cometido. Pero no tenía por qué ir y dispararles a la espalda y matarlos así fríamente. Esperemos que se condene bien.
–¿Cómo fue que ustedes se unieron en la misma lucha para pedir justicia?
A. M.: –Yo me acerqué a los dos o tres meses del asesinato para conocerlos a Raquel y a Jorge, quería expresarles mi dolor por la pérdida de Mariano. Estaba muy angustiada y me acerqué a uno de los recitales que ellos organizan todos los 21 en reclamo de justicia. Ellos me recibieron con mucho afecto, con mucho cariño y se ofrecieron a ayudarme. Y seguimos juntos hasta ahora.
–Ana María, ¿tenías miedo de la reacción de ellos antes de ir a buscarlos?
–Yo quería que sepan lo que yo sentía y que Darío no pertenecía a una familia de delincuentes, que éramos una familia sana, de trabajadores y que si él agarró ese camino es porque estaba equivocado. No tenía necesidad de robar, lo que pasa es que se juntó con mala gente que lo envolvió y lo llevó a cometer ese robo. Y Raquel y Jorge, sin conocerme, se brindaron con el corazón abierto, me brindaron mucho amor. Hasta el día de hoy no logro entenderlo, pero sí sé que me hizo bien y que me dio fuerzas para estar en esta lucha. Yo sola no me hubiera animado a hacer nada. Y todo hubiera quedado como que Darío se fue y nada más. Ellos me dieron el cariño para que juntos reclamemos justicia.
–Raquel, ¿a vos qué te pasó cuando se acercó Ana María? No es algo común que la mamá de un rehén se una con la mamá del ladrón que lo tomó por rehén...
–Debo reconocer que a mí me costó un poquito más. Darío detonó un poco los hechos, pero el responsable de las muertes es Champonois, no hay otro responsable. Si la policía no hubiera intervenido lo más probable es que Darío estuviera en su casa y Mariano en la nuestra. Pero quienes debían haberlos protegido fueron quienes los fusilaron. Y después plantaron un arma para justificar lo injustificable.
Ana María y Raquel no fuerzan su unión. No niegan los contrastes. La unión es tan clara como las grietas de dos vidas opuestas, dos realidades, dos Argentinas que viven paralelas hasta que la realidad las cruza, incluso, a la fuerza. Raquel es más segura, tiene convicciones firmes y homenajea a su hijo, que amaba a la música, con los recitales de todos los 21 –en los cuales ya participaron León Gieco, Teresa Parodi, e Ignacio Copani, entre otros– con la consigna “Música por la justicia, contra la violencia y la impunidad, por Mariano Witis”. Raquel quiere que su hijo no sea sólo sinónimo de dolor sino también de vida, de risa y de fiesta. Un ejemplo para otros jóvenes que no se quedan de brazos cruzados.
A Ana María le tambalea la voz y Raquel la respalda: “Nosotros, antes de conocer a Ana María, siempre dijimos que ni Mariano ni Darío merecían ser fusilados. Si alguien cometió un delito debe ser detenido y recuperado para la sociedad, sobre todo cuando hablamos de jóvenes. ¿Nadie es recuperable? Todos somos recuperables si hay voluntad. La vida es una sola. No hay víctimas inocentes. Los dos son víctimas”.
–Pero, por ejemplo, el diario “Clarín” pone de título “Juicio por la muerte de un inocente” y muy chiquito, como si no importara, cuentan que mataron a otro chico que era ladrón.
Raquel: –Los medios alientan esa idea errónea que tiene la sociedad en la que prevalece el valor bien al valor vida. Esto es terrible. Y de esto son culpables los políticos que han alentado este tipo de comportamiento. Yo recuerdo las palabras célebres de un gobernador que dijo: “Hay que meter bala a los delincuentes”. Y en nuestro país no existe la pena de muerte. O no existe escrita. Pero existe en la calle todo el tiempo.
–La sociedad no está dando oportunidades a los jóvenes pero después es implacable con el pedido de mano dura y la legitimación de fusilamientos.
Ana María: –Claro, creen que el que comete un error tiene que morir, dejar de vivir para pagar su culpa, y no que le enseñen, que tenga posibilidades. Además, la policía sabe quiénes son los delincuentes, los jefes de las bandas que forman grupos de chicos para que roben, y a ellos no los agarran.
–Raquel, hay mucha gente que dice “a los ladrones hay que matarlos a todos”. ¿Cómo les explicás tu actitud?
–Hay que combatir el delito, pero también hay que dar posibilidades para que esos jóvenes se recuperen. Hoy no la tienen. Hay muchos supuestos enfrentamientos donde los muertos aparecen con heridas de bala en la espalda. Si esta violencia la genera la policía, lo que hace es profundizar la espiral donde el delincuente sale dispuesto a matar porque sabe que es su vida o la del otro. La sociedad tiene que parar un poco y apoyar todo lo que lleve a la sanción adecuada, usando la ley, no la violencia. Y no tolerar más la impunidad.
Ana María: –Darío no tenía nada, salvo las amistades malas. Fue inducido y lo llevaron a cometer ese robo. ¿Por qué tuvo que pagar con la vida?
“Estas pérdidas te desestructuran totalmente y te dan la posibilidad de construir bien”, afirma Raquel Witis para cerrar la charla. Después, las dos mujeres hablan de gajos y de plantas, de manos que siembran con sólo acariciar la tierra y de los matices de verdes que enredan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –donde patrocinan legalmente a Ana María–. La conversación es, en verdad, un tronco de palabras tupidas desde donde sostenerse después de volver a recorrer –sin ningún matiz de acostumbramiento por el paso del tiempo– el dolor. Un dolor que en pocos días va a ser sentencia. Un dolor que ellas hicieron que se convierta en un lazo para pelear por el valor de la vida. Porque mucho antes que el Tribunal Oral 3 de San Isidro, ellas, dos mamás, pusieron en su lugar la palabra justicia.

Escandaloso ascenso para un policía bonaerense implicado en un crimen

Miguel y Elsa Sosa, reclamando justicia para su hijo Daniel.
Dicen que el actual subcomisario Roque Aníbal Olivera está
implicado en el crimen ocurrido el 2 de febrero de 2001.
Es Roque Aníbal Olivera, flamante subcomisario de la Seccional Séptima del partido bonaerense de Morón. Está acusado del crimen de Daniel Alejandro Sosa, muerto en 2001 en Aldo Bonzi, partido de La Matanza. El policía cuestionado es hijo del ex cabo Ramón Aníbal Olivera, condenado por el hecho, y hermano de otro implicado, David Olivera, también miembro de la fuerza. Piden que intervenga Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad provincial.
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"Roque Aníbal Olivera, Documento Nacional de Identidad 22.166.347, nacido en 1971, legajo 22.470".
Así figura en la lista de oficiales nombrados para el cargo de subcomisario en el año 2011 por la Policía Bonaerense.
Concretamente, el hombre ya ocupa el cargo en la Seccional Séptima del partido bonaerense de Morón.
Pero la lista, que contiene información muy precisa, ignora un dato fundamental.
Roque Aníbal Olivera está acusado de participar en el crimen de Daniel Alejandro Sosa, un chofer de camiones que recibió varios disparos el 2 de febrero de 2001 en Aldo Bonzi, partido de La Matanza.
El asesinato ocurrió mientras intentaban robarle el auto a la víctima fatal.
La lista de recientes ascendidos tampoco dice que por el hecho está condenado y preso Ramón Aníbal Olivera, padre de Roque y ex policía bonaerense.
Ni que, además, está implicado David Olivera, hermano menor de Roque y, como estos dos, miembro de la fuerza de seguridad.
La causa judicial que terminó en el castigo de 18 años de cárcel por homicidio simple para el mayor de los Olivera dice que la víctima recibió un tiro en el corazón hecho a centímetros de distancia.
Agrega que, posteriormente, a Sosa le efectuaron otros dos disparos, de espaldas, en los glúteos, para simular un enfrentamiento.
"Es un escándalo, esperamos medidas de Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires", dice Elsa Gómez, mamá de Daniel Sosa e integrante de la Asociación Madres del Dolor.
"No acuso a toda la institución, sino solamente a los policías corruptos que siguen amparándose impunemente en el uniforme", agrega la mujer.
"Seguiré mi lucha contra la corrupción policial y pidiendo justicia para mi hijo", concluye Elsa Gómez de Sosa.
La causa judicial 920/02, de abril de 2004, que fue resuelta con una condena de 18 años de prisión para Ramón Aníbal Olivera, relata que "un testigo lo vio a Roque y le dijo vos lo mataste hijo de puta, y aquel le contesta, te dije a vos que te fueras, tomatelá, si no, te va a pasar lo mismo que a él, y señaló el cuerpo tendido boca arriba de Daniel Sosa".
Otro fragmento de la causa dice que "en una orden a la solicitud de la señora fiscal de juicio pide extraer testimonios respecto de David y Roque Olivera".
En el proceso, el flamante subcomisario de la Seccional Séptima de Morón y su hermano quedaron libres gracias al artículo del Código Procesal que dice que quienes tienen lazos sanguíneos no pueden ser juzgados por encubrimiento.
Los jueces que tomaron la decisión, inegrantes del Tribunal Oral Criminal 3 de San Justo, partido de la Matanza, condenaron únicamente a Ramón Olivera porque éste confesó haber sido el autor de los disparos asesinos contra Daniel Sosa.