El presunto asesino de Florencia Marcheselli sigue en libertad y conduciendo

Florencia Paola Marcheselli murió el 13
de diciembre de 2010, tras ser atropellada
por el automovilista Emiliano Scipioni
en el partido bonaerense de San Isidro.

La joven tenía 20 años cuando murió, el 13 de diciembre de 2010, después de ser atropellada por el automovilista Emiliano Scipioni, de 19. Ocurrió mientras ella cruzaba a pie la avenida Centenario, en el partido bonaerense de San Isidro. Piden que la causa sea elevada a juicio. El acusado habría excedido la velocidad y pasado el semáforo en rojo.
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Ningún familiar ni allegado del presunto asesino se acercó a los padres de la víctima para darles sus condolencias.
Sin embargo, eso no es lo peor.
El acusado, que continúa en libertad, retiró el vehículo de la comisaría poco después del hecho y ahora maneja por las calles de la zona como si nada hubiera pasado.
Florencia Paola Marcheselli, de 20 años, fue atropellada el 9 de diciembre de 2010 por el automovilista Emiliano Scipioni, de 19 años.
Ocurrió alrededor de las 21, cuando el joven iba en su Renault Clio patente CYU 874 por avenida Centenario, a la altura de la calle Avellaneda, en el partido bonaerense de San Isidro.
Según varios testigos directos, habría excedido la velocidad y pasado el semáforo en rojo, mientras Florencia cruzaba correctamente por la senda peatonal.
El impacto del vehículo le provocó heridas tan graves a la víctima, que murió cuatro días después, el 13 de diciembre de 2010, en el Hospital General de San Isidro.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción del Área Correccional del Departamento Judicial local, a cargo de Carolina Asprella.
Independientemente de la responsabilidad de Emiliano Escipioni, se esperan medidas para prevenir nuevas tragedias en ese lugar, una curva bastante complicada, donde han ocurrido otros hechos de tránsito.
Los vecinos protestan por la falta de señalización y piden la colocación de un semáforo anterior al de la calle Avellaneda, para obligar a la reducción de la velocidad de los vehículos.

"El fallo de la Corte Suprema es una lección para todos los asesinos al volante"

2 de marzo de 2010, Congreso de la Nación. Viviam
Perrone, Guillermo Álvarez y otros familiares
de víctimas reclaman justicia.

Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano y presidente de la Asociación Madres del Dolor, se siente aliviada tras la confirmación de la prisión efectiva para Eduardo Sukiassián, el automovilista que asesinó a su hijo en 2002 en la localidad bonaerense de Olivos. Ahora, ella espera que el Congreso Nacional apruebe una modificación de las penas en los delitos viales con ciertos agravantes.
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"El fallo de la Corte Suprema es una lección para todos los que asesinos al volante, espero que ahora cambien otros fallos", dice Viviam Perrone, después de la histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la pena de tres años de cárcel efectiva para Eduardo Sukiassián.
El automovilista actualmente inhabilitado recibió esa condena por atropellar, abandonar y provocar la muerte de Kevin Sedano, el hijo de la presidente de la Asociación Madres del Dolor, en 2002, en la localidad de Olivos, partido bonaerense de Vicente López.
Es la primera causa caratulada como 'homicidio culposo' que llega a la Corte Suprema y ahora es la primera en la que un asesino vial tiene que ir a la cárcel por segunda vez.
Sukiassian había sido condenado en 2007 por el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, pero dos meses después la misma instancia le había concedido el beneficio del arresto domiciliario.
"Sigo viendo que las víctimas de tránsito sufren una discriminación en todo sentido", dice Viviam, que se siente aliviada por el fallo de la Corte pero prefiere hacer un análisis realista.
Uno de sus temores es que Eduardo Sukiassián se fugue de la Argentina; concretamente, que se vaya a alguna de las propiedades que tendría en Punta del Este.
Para evitarlo, los jueces Mónica Tisato, Maria Coelho y Federico Ecke, del Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro, deberían ordenar cuanto antes la detención del condenado.

Para crear conciencia
Al día siguiente del histórico fallo de la Corte Suprema, el Senado le dio media sanción a un proyecto de reforma del Código Penal que cuenta con amplio apoyo de los grupos de familiares de víctimas de hechos de tránsito.
La aprobación ahora depende de la Cámara de Diputados.
El cambio consiste en aumentar el castigo cuando se prueban algunos agravantes; por ejemplo, si el conductor iba alcoholizado, conducía a demasiada velocidad, o se fugó después de atropellar.
El texto, que fue presentado por la senadora Nanci Parrilli, empezó a elaborarse hace un año, cuando la legisladora del Frente para la Victoria recibió a Guillermo Álvarez, que hacía huelga de hambre frente al Congreso de la Nación para reclamar justicia por su hermano Marcos, muerto con 19 años tras ser atropellado en Plottier, provincia de Neuquén.
Tiempo antes, por el mismo motivo, Guillermo había caminado desde esa ciudad hasta el Parlamento Nacional.
En el nacimiento del proyecto también participaron Viviam Perrone y Felipe Rodríguez Laguens, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
"Necesitamos leyes que acompañen y que creen una conciencia", dice Viviam.
Agrega que, aunque muchos piensan que más castigo no es solución, sirve si permite evitar que haya más muertes y dolor.
"También queremos que los jueces las apliquen, que es otro problema", concluye, recordando los nueve años que tuvo que recorrer pidiendo justicia para su hijo Kevin.

Eduardo Sukiassian vuelve a la cárcel tras un fallo histórico de la Corte Suprema

Kevin Sedano, atropellado, abandonado
y muerto por Eduardo Sukiassián.

El máximo tribunal de la Nación confirmó la pena de tres años de prisión efectiva por haber atropellado, matado y abandonado a Kevin Sedano en 2002 sobre la Avenida del Libertador, en la localidad bonaerense de Olivos. Hasta ahora, el condenado por homicidio culposo cumplió sólo dos meses del castigo. La familia de la víctima teme que se fugue de la Argentina.
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"Eduardo Sukiassian tiene casas en Punta del Este, puede fugarse del país", advierte Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano y presidente de la Asociación Civil Madres del Dolor.
El mensaje va dirigido directamente a los jueces Mónica Tisato, Maria Coehlo y Federico Ecke, del Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro, que todavía deben ordenar la detención del condenado.
Se debe a un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la pena de tres años de prisión efectiva contra Sukiassián por haber atropellado, abandonado y provocado la muerte de Kevin Sedano, de 14 años, en 2002 sobre la Avenida del Libertador, en la localidad bonaerense de Olivos.
Es la primera causa caratulada como 'homicidio culposo' que llega a la Corte Suprema de Justicia la Nación y ahora es la primera en la que un asesino de tránsito tiene que ir a la cárcel por segunda vez.
Sukiassian, había sido condenado en 2007 por el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, pero dos meses después el mismo Tribunal le había concedido el beneficio del arresto domiciliario.

EEUU denuncia que en la Argentina "no hay un plan contra la trata de personas"



Argentina es origen, tránsito y destino de hombres,

mujeres y niños víctimas de la trata de personas.

FUENTE: Infobae.com
ENLACE: http://www.infobae.com/notas/590097-Critico-informe-de-Estados-Unidos-sobre-trata-de-personas-en-Argentina.html
FECHA: 27 de junio de 2011
TÍTULO: El informe anual que el Congreso de los EEUU le pide al Departamento de Estado norteamericano alertó que en la Argentina "no hay un plan contra la trata de personas".
BAJADA: El escrito indicó que en 2010 se rompió un récord negativo y habló de "complicidad de funcionarios"
DESARROLLO: La trata de personas es un delito que atenta contra la libertad física de una persona, la cual es esclavizada de diferentes maneras, entre las cuales unas de la más usuales son la explotación con fines sexuales y trabajo esclavo.
Según el informe anual que el Congreso norteamericano le pide al Departamento de Estado de los EEUU, América Latina es el lugar más elegido por los tratantes para traficar con hombres, niños y mujeres, a los cuales se somete a situaciones clandestinas e insalubres de vida.
El informe al que accedió Infobae.com especificó que "Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso".
Muchas de las víctimas provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país. Entre ellas se destaca la zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil, la cual "constituye un área importante para la captación de víctimas argentinas de la trata con fines de explotación sexual y una zona de tránsito para las víctimas de trata con fines de trabajo forzado provenientes de Paraguay".
Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros, principalmente de países como Paraguay, Bolivia y Perú, y en menor grado de Brasil y República Dominicana, son forzados a ejercer la prostitución en Argentina, donde, además, se obliga a ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte del país a someterse a trabajos forzados en talleres clandestinos y emprendimientos agropecuarios.
Ante ese panorama, dice el escrito norteamericano, "el gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido".
Es que durante 2010 el Gobierno "identificó un número récord de víctimas de la trata que incluyeron una importante cantidad de víctimas del trabajo forzado".
Además, se incrementaron las acciones judiciales y condenas de los tratantes y se subvencionaron diversos refugios para las víctimas de la trata, algunos de los cuales fueron inaugurados durante el período en cuestión.
No obstante ello, destaca el informe, "la cantidad total de condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas; los servicios especializados continúan siendo dispares en todo el país y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la "supuesta complicidad de algunos funcionarios" en el ámbito local y nacional "impidieron avances más sustantivos en la lucha contra la trata".
El marco legal y persecución penal en Argentina contra la trata de personas
La ley argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la ley 26.364 sancionada en abril de 2008, que prescribe penas privativas de la libertad que van de tres a quince años, según los agravantes. Dichas penas son lo suficientemente estrictas y equivalentes o superiores a las estipuladas para otros delitos graves como la violación.
La actual ley de combate contra la trata permite que los fiscales o jueces pongan en duda la validez del consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad, aun cuando haya mediado fuerza, fraude o coerción.
En febrero de 2011, las autoridades argentinas anunciaron que la Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en todas las causas de trabajo forzado, un notable avance que puede disminuir la presión sobre las víctimas de trata por iniciar acciones legales mediante la presentación formal de una denuncia contra las personas que las sometieron a la trata.
El único caso de delito relacionado con trabajo forzado que la Justicia concluyó desde la aprobación de la ley de combate contra la trata de personas en 2008 resultó en absolución. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad trabajaron en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas durante los allanamientos llevados a cabo en investigaciones de trata.
En 2010, las autoridades realizaron 107 investigaciones preliminares y a fines de 2010, existían 78 procesamientos en curso por trata de personas en todo el país.
Durante el período que cubre este informe, la Justicia logró condenar a 15 personas relacionadas con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, con penas privativas de la libertad que fueron de 2 a 15 años. Esto representa un aumento significativo en la cantidad de condenas con respecto al año anterior, en el que las autoridades informaron sobre tres condenas por trata de personas con fines de explotación sexual, con sentencias que variaron entre cuatro años de arresto domiciliario a 10 años de cárcel.
Además, destaca que las autoridades argentinas buscaron asociarse con gobiernos extranjeros, como el de Paraguay, para investigar varios casos de trata. Este hecho llevó al gobierno argentino a capacitarse en temas de trata de personas y asistencia a la víctima para funcionarios judiciales, las fuerzas de seguridad y otros funcionarios.
Sin embargo, los investigadores opinan que "se necesita intensificar la capacitación de funcionarios en temas relacionados con la investigación y el procesamiento adecuados de los delitos de trata así como también con la manera de identificar y asistir a las víctimas".
Según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios provinciales, municipales e inclusive, en menor medida, nacionales participan directa o indirectamente en la trata de personas. De acuerdo a lo informado, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes.
En 2010, el jefe de la unidad antitrata de la policía fue acusado de administrar burdeles y permanece bajo investigación, aunque sigue en la fuerza. En noviembre de 2010, la Ufase (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) realizó una investigación que implicó a 90 funcionarios de la policía de Buenos Aires en la falsificación de registros para proteger burdeles a cambio de sobornos; en algunos de ellos se explotaban niños.
En marzo de 2011, cinco inspectores de policía implicados en este caso fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, durante el año pasado -destaca el texto- no se procesó ni condenó a ningún funcionario gubernamental involucrado en la trata de personas.
Por su parte, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas del gobierno, que cuenta en Buenos Aires con un equipo interdisciplinario compuesto por diecinueve personas, brindó asistencia inmediata posterior al rescate a algunas de las víctimas rescatadas, tales como acceso a servicios legales, médicos y psicológicos. Durante 2010, esta oficina informó haber salvado y asistido a 569 víctimas de la trata, de las cuales más del 80% era adulto.
"Las autoridades argentinas alentaron a las víctimas a colaborar en la investigación y el impulso de las causas contra sus tratantes; sin embargo, algunos funcionarios informaron sobre deficiencias en la protección brindada a las víctimas que declaran en causas de trata. Si bien la Secretaría para la Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de brindar asistencia a las víctimas de trata luego de que hayan colaborado en los procesos judiciales, los esfuerzos de reintegración brindados a las víctimas fueron limitados", añade el informe anual norteamericano que investiga la trata de personas en América Latina.
También especifica que "el gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima argentina de trata repatriada" y destaca que "el gobierno no posee un plan nacional contra la trata", por lo que estima que las autoridades conservan una mesa redonda para debatir sobre el tema.
La Ufase publicó una reseña sobre sus acciones contra la trata durante 2010 y la Oficina de Rescate publicó en varias oportunidades estadísticas a través de la agencia nacional de noticias.
Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires estableció un comité de lucha contra la trata; además, diversas ONG manifestaron que la coordinación insuficiente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales seguía obstaculizando la efectividad de los esfuerzos contra la trata de personas como así también la limitada o inexistente financiación para las iniciativas provinciales o locales contra la trata.
Finalmente, alerta que el Código Penal argentino no prohíbe específicamente el turismo sexual infantil, aunque sí prohíbe mantener sexo con menores. "El gobierno no informó haber investigado, procesado o condenado a ningún ciudadano argentino por delitos de turismo sexual infantil en el exterior".
"El gobierno brindó capacitación para el combate a la trata de personas a tropas argentinas previo a su despliegue en operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz. Las autoridades no informaron sobre esfuerzos para reducir la demanda del comercio sexual", concluye.

Lo que significa Aberturas Moras, un comercio destruido por hinchas de River

Los violentos en acción (Foto de agencia Telam).

Sus dueños son fundadores de la Asociación Familias de Esperanza, una entidad sin fines de lucro del partido bonaerense de Vicente López que en la actualidad cuida a alrededor de 60 niños en situación de riesgo o abandono.
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Hemos visto los destrozos que dejaron los inadaptados después del partido en la cancha de River Plate. Los dueños de los comercios que resultaron dañados en las inmediaciones se estarán preguntando hasta donde les cubre su seguro, si es que les cubre.
Desde la Asociación Madres del Dolor decidimos opinar sobre el tema porque sabemos que la familia Moras es tan humilde de espíritu que no lo va a hacer. Muchos habrán visto en que condiciones quedó el negocio de Aberturas Moras situado en la Avenida del Libertador: vidrios destrozados, papeles quemados, computadoras robadas, aberturas que ya no se pueden vender ni reparar, etc.
Es importante que se sepa a quien le pertenece este negocio. La familia Moras fundó la Asociación Familia de Esperanza, que tiene dos casas donde se albergan menores que están en situación de riesgo u abandono. Cuidan a alrededor de 60 niños sin hogar.
Además de esto, Patricia Moras, madre de cinco hijos propios (una adoptada), siempre tiene uno o dos bebés viviendo en su casa, generalmente son los de mayor riesgo de salud.
Seria bueno que los que causaron estos destrozos sepan a quien perjudicaron; quizás la familia Moras esté ayudando a sus propios hijos.
Esta familia sabe muy bien lo que es cuidar al que lo necesita.
Pero a ellos y a nosotros: quien nos cuida?
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FUENTE: diario La Nación
ENLACE: http://www.lanacion.com.ar/987481-chicos-en-transito-padres-por-un-tiempo-limitado
FECHA: 16 de febrero de 2008
AUTOR: Julián Iturrería
VOLANTA: Familia y valores
TÍTULO: Chicos en tránsito, padres por un tiempo limitado
BAJADA: En la Argentina, distintas ONG implementan esta metodología para que la mayor cantidad de chicos puedan vivir en ambientes familiares.
DESARROLLO: "No podemos atenderlos más. Van a estar con otra familia." Blanca Burgos tenía 12 años cuando escuchó de su padre la frase que es la peor pesadilla de cualquier chico. Sus siete hermanos menores, tres con discapacidad, también estaban incluidos.
Era un viernes a la noche. A los tres días, Luis María Nicora pasó a buscar a los ocho por el barrio de Pompeya, para llevarlos a su casa en Colonia Urquiza, a 50 kilómetros de la ciudad, donde residía con su familia. Se iniciaba una nueva etapa.
Así como Blanca, muchos niños que tienen dificultades con sus padres biológicos son dados a familias que se encargan del resguardo por un tiempo determinado: a corto plazo, por pocos meses, o a largo plazo, cuando se extiende por años.
Esto se llama acogimiento familiar o familias en tránsito. No es adopción, sino que se trata de familias que brindan apoyo a otros núcleos familiares que tienen problemas y no pueden contener a sus hijos. El objetivo, evitar los institutos.
Las historias de los matrimonios que se animan a sumar llantos, sonrisas, más pañales y abrazos tienen muchos puntos en común, ya sean experiencias de corto o largo alcance.
Según fuentes consultadas, el acogimiento se toma como última medida antes de intentarlo todo para ayudar a los padres a resolver las crisis. Por eso "no se busca romper el vínculo con los papás biológicos, sino todo lo contrario", explicó a LA NACION Vicky Acosta, de la ONG Familias de Esperanza. Alojó casi 30 chicos en su casa desde 1994, cuando empezó.
"No somos familias sustitutas, sino complementarias. No buscamos hacer un corte con los padres, ya que respetamos la historia de los chicos, sus propias identidades. Por eso es diferente a la adopción, que en general significa un corte", dijo María Elvira Nicora, presidenta de la Fundación Emmanuel, que realiza acciones para fortalecer y acompañar a las familias en situación de riesgo.
SUBTÍTULO: A largo plazo
Blanca vivía en dos casas: algunos meses con su tía, donde tenía tiempo para ser hija, ir al colegio y jugar, y otro tiempo en su casa, cuando le tocaba ser madre, padre y enfermera de sus hermanos más chicos. Y todavía ni había entrado en la adolescencia.
Cocinaba, limpiaba y los llevaba al hospital cuando se enfermaban. Las clases de matemática quedaban en segundo plano. Pero el 1° de marzo de 1988 la vida le dio la oportunidad de cambiar de ruta y destino.
María Elvira pasó a tener 12 hijos, de repente: recibió a Blanca y sus siete hermanos. Dos de ellos venían de reformatorios. Mario, el más chico, llegó prácticamente desnutrido a la casona que habían comprado los Nicora, dentro de un predio de 12 hectáreas, en las afueras de La Plata, con la intención de poner en práctica el acogimiento familiar.
"Mi papá venía una vez por mes a visitarnos", recordó Blanca. Al poco tiempo su padre y su tía fallecieron. Sabiendo que su mamá tenía dificultades psicológicas que le impedían cuidar de los chicos, entendió que este proceso no iba a ser de corto plazo. Ya no tenían adónde ir. Tampoco se querían volver.
Ellos fueron los primeros. La Fundación Emmanuel, creada en 1986 por los Nicora y un grupo de profesionales, recibió los primeros niños en acogimiento. La familia fundadora dio el puntapié inicial. En la actualidad son 20 las familias que reciben niños en sus hogares.
En el extenso predio tienen un centro de formación donde trabajan para fortalecer familias por medio de talleres de reflexión, conferencias, actividades recreativas.
SUBTÍTULO: Más de 12 años
Emilio y Ana María Martínez tenían más de 20 años de casados y dos hijas cuando empezaron a recibir niños en su casa. A los primeros chicos los arropaban sólo los fines de semana o por algunos meses. Eran experiencias cortas, como familia de tránsito.
Pero un día llegó Nicolás, que por ser menor de edad no se puede revelar su verdadero nombre. Se quedó doce años y todavía sigue con ellos. "Empezamos como familia de tránsito. No estaba en nuestro plan algo más extenso, pero se fue dando la situación y lo asumimos", recordó Ana María, de 64, docente.
Nicolás nació en una familia con distintos problemas; entre ellos su mamá tenía 14 años. Siendo bebe, los Martínez lo recibieron en su casa hasta que se decidiera el destino final. Pero pasaron tres años y todo seguía igual. De pronto la mamá y la abuela biológica lo reclamaron para que regrese. "Se dio vuelta la situación: antes dormía en casa y lo llevábamos los fines de semana a la suya. Después nos tocó a nosotros verlo menos días", contó Emilio, de 67.
"Cada vez que íbamos a verlo se nos hacía un nudo en la garganta, ya que a él se le caían las lágrimas cuando nos íbamos", dijo Ana María. Pero esta situación duró sólo un año. Los mismos familiares que habían pedido el regreso de Nicolás decidieron darlo de nuevo en acogimiento.
La relación entre las familias no es nada fácil. "Nos llevó varios años entrar en confianza con la familia de origen. Desconfiaban de nosotros. Creían que le queríamos robar al chico", indicó Ana María.
Con el tiempo, los Martínez no sólo fueron sostén para Nicolás, sino que se involucraron con toda la familia: "Hace un tiempo la abuela tuvo un problema de salud y lo llamó a Emilio, ya que no tenía a quién acudir", dijo.
Matilde Luna, magister en Minoridad y Familia y especialista en acogimiento familiar, opinó sobre los conflictos entre las dos partes: "No siempre se puede llegar a un acuerdo con las familias de origen. Tampoco hay que dejarlas de lado. Pero hay que ser realistas y ver cómo incluirlas en la medida en que se pueda".
Hay situaciones en que el chico no puede volver con los padres biológicos, aunque no por eso dejan de quererlo. Un ejemplo, cuando los papás tienen dificultades mentales. En este caso, muchas veces la convivencia es imposible, pero "tampoco le podés sacar la patria potestad del chico. Ahí el acogimiento pasa a ser una buena alternativa", explicó.
Según Luna, el acogimiento familiar es una opción que se utiliza cada vez más en el país: "Es una situación intermedia que permite preservar el derecho de los niños de vivir en familia y comunidad, como estipula la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas".
SUBTÍTULO: Por pocos meses
La beba pesaba 2,8 kilos; no lloraba; no demandaba comida. Tenía un mes cuando Patricia Moras, de 49 años, cinco hijos, la recibió en su casa. "Decían que tenía hospitalismo. No tenía incentivos. Entonces, al poco tiempo, cuando empezó a sonreír en casa era una fiesta. Ahora la beba parece otra", contó emocionada Moras, que preside Familias de Esperanza.
No sabe cuánto tiempo más la va a tener. En general, los niños que pasaron por su familia fueron en períodos de corto plazo, por algunos meses. "Este tipo de experiencias te cambian la vida. Es diferente a todo. Hace que en tu casa se produzca una toma de conciencia de toda la familia, que empiecen a valorar todas las pequeñas cosas de la vida", dijo.
Hogares de Belén es el nombre del servicio de acogimiento a corto plazo que realiza el Movimiento Familiar Cristiano. "La función es brindar un hogar a los chicos para no mandarlos a un orfanato. Por eso ponemos a disposición los matrimonios de nuestro movimiento", dijo Mario Etcheverry, presidente nacional de la institución que este año cumple 100.
Hoy, Blanca Burgos tiene 33 años y una vida normal: está casada desde hace diez con un ex compañero de colegio de Colonia Urquiza, disfruta de sus dos hijos y trabaja en la Fundación Emmanuel.
"¿Qué hubiese sido de mí sin ellos? Doy gracias a Dios que los encontré", dijo Burgos mientras cruzaba una mirada cómplice con mamá Elvira.
RECUADRO: Links
- Fundación Emmanuel: http://www.emmanuel.org.ar/ , emmanuel@emmanuel.org.ar
 (0221) 491-4555 (La Plata)
- Movimiento Familiar Cristiano: http://www.mfc.org.ar/ , mfcarg@infovia.com.ar
4361-2192
- Familias de Esperanza: 4719-6738 4794-0403, familiasdeesperanza@sinectis.com.ar, http://www.familiasdeesperanza.com.ar/

En Tucumán, la familia de Ana Gisella Castillo sigue esperando justicia

Ana Gisella Castillo habría muerto como consecuencia
de una maniobra criminal de Juan Orlando González
en el kilómetro 1340 de la Ruta Nacional 9.

La adolescente tenía 15 años cuando murió como consecuencia de una maniobra presuntamente criminal de Juan Orlando González, el 17 de enero de 2010, sobre la ruta 9, a la altura de la localidad de Choromoro. Ella iba en el asiento trasero del Renault 12 que conducía su papá, en el que también viajaban su mamá y dos hermanos. Los sobrevivientes se salvaron de milagro. González, que los embistió con un Jeep Ika, también está acusado de un hecho similar ocurrido en 2007.
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La causa se elevaría a juicio antes de fin de mes.
Está tramitándose en la Fiscalía 6 de Instrucción en lo Penal de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a cargo de Adriana Reynoso.
El imputado, Juan Orlando González, un mecánico de 63 años, está acusado de homicidio y lesiones culposos, que habría provocado a bordo de su vehículo Jeep Ika el domingo 17 de enero de 2010.
Ese día, la familia Castillo viajaba en su Renault 12, con papá Mario al volante, mamá Silvia de acompañante y sus hijos Paula, Facundo y Gisella en el asiento trasero.
Venían por la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1340, localidad de Choromoro, volviendo de San Pedro de Colalao, que queda más al norte, hacia la capital provincial.
Delante de ellos iba el vehículo de González, que, de repente, sin hacer señales, se fue a la banquina.
Luego, sin darles tiempo a nada, volvió violentamente hacia el asfalto y chocó con sus enormes paragolpes el lado derecho del Renault 12.
Ana Gisella, de 15 años, murió como consecuencia del impacto, y el resto de la familia recibió heridas de diversa gravedad.
"Hay que seguir presionando para que la causa se eleve a juicio", dice Mario Castillo y destaca que un argumento clave contra el imputado es que es reincidente.
Juan Orlando González tiene otra causa elevada a juicio.
Habría provocado lesiones culposas en el año 2007, supuestamente también a bordo del Jeep, contra el señor Martín Ibarra y su esposa.
"Queremos que a González le den una condena de cumplimiento efectivo", dice Pablo Álvaro Castillo, hermano de Gisella.
"Son muchas muertes en hechos de tránsito a nivel nacional, esto no puede seguir pasando, la manera de pararlo es con la condena", concluye el procurador y hermano de la víctima fatal.

Gastón Bustamante, asesinado hace nueve años, podría tener justicia mañana

Fotografía que usó la Policía Bonaerense
para buscarlo mientras estaba prófugo.
Ricardo Andrés Rossi podría ser condenado
por el crimen de Gastón Bustamante.

El chico de 13 años murió de un tiro en el corazón el 28 de abril de 2002 en el partido bonaerense de Merlo. Ricardo Andrés Rossi, de 43 años, está acusado de ser el autor del disparo. Continúan libres el ex policía bonaerense y los otros tres hombres que habrían actuado como coautores o cómplices.
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La sentencia se leerá mañana martes 28 de junio a las 10 en el Tribunal Criminal número 4 de Morón.
El fiscal Patricio Pagani pide que el ex empleado de seguridad privada Ricardo Andrés Rossi reciba 20 años de cárcel por el homicidio cometido hace nueve.
Quien reclama la absolución es el abogado defensor, Marcelo Rossi, que tiene algunas particularidades sorprendentes.
"Además de hermano de su cliente, sería el dueño del arma que llevaba éste el dia del crimen, lo confirmaron todos los testigos", dice Héctor Ibarra, de Limay, una organización de familiares de víctimas que espera un fallo ejemplar.
El hecho ocurrió el 28 de abril de 2002 en la vereda de una casa ubicada en Balcarce y Bouchard, partido bonaerense de Merlo.
Un grupo de adolescentes festejaba un cumpleaños cuando un Renault 12 estacionó a pocos metros.
Un hombre bajó, realizó varios disparos apuntando contra la vivienda y subió nuevamente al vehículo, que escapó a toda velocidad.
Uno de los balazos le dio en el corazón a Gastón Bustamante, de 13 años, un invitado, que se desvaneció y murió desangrado en los brazos del resto de los presentes.
Según varios testigos, el autor de los tiros fue Rossi, que es vecino de la zona.
El móvil habría sido vengarse del dueño de casa, papá del chico que cumplía años, que un rato antes lo había enfrentado a trompadas cerca de allí.

Otro tiroteo fatal
Cuando los investigadores fueron a buscar a Ricardo Andrés Rossi, el hombre había desaparecido.
Presuntamente, su regreso fue dos años después, en 2004, cuando los policías que tocaron el timbre de su casa fueron recibidos con más balazos.
Después del tiroteo, el padre de Rossi se declaró culpable de la muerte de otro vecino que, sin tener nada que ver con la trifulca, recibió un disparo fatal.
La confesión fue aceptada, por lo que el autoincriminado permanece preso.
Al año siguiente, en 2005, la justicia declaró inocente a un ex policía bonaerense sospechado de complicidad en el crimen del chico Gastón Bustamante.
Los jueces Aníbal Termite, Osvaldo Cedarri y Susana Ragonese, del Tribunal Oral Criminal 2 de Morón fallaron contra el testimonio de varios testigos que señalaron al ex efectivo como conductor del Renault 12, en el que, en total, se supone que iban cinco personas.
"En ese juicio, la actuación de los jueces y el fiscal Javier Kiper fue lamentable", denuncia Roberto Bustamante, papá de Gastón.
"Esperamos que el martes la Justicia actúe con mayor valentía y condene al asesino", agrega.
Se refiere a Ricardo Andrés Rossi, que fue detenido en febrero de 2010 en la provincia de Chaco por miembros de la Dirección Departamental de Investigaciones de Morón.
Desde entonces, tiene un abogado con algunas particularidades sorprendentes.