Hicieron de la tragedia privada una causa colectiva. La pérdida de sus hijos, víctimas del gatillo fácil, la inseguridad, las adicciones o la trata de personas, las llevó del mundo privado al activismo social y hoy protagonizan unos de los movimientos más potentes de la Argentina. Impulsan leyes, investigan, controlan.
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Por Laura Di Marco
Fuente: Suplemento Enfoques del diario La Nación, domingo 1º de agosto de 2010
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Al ver que la causa por el crimen de su hijo no avanzaba, Josefina Medina no dudó y se lanzó a buscar por sí misma a los asesinos. Una noche se calzó una peluca y, disfrazada, se infiltró en la bailanta "Las Vegas", de Rafael Castillo, en la que, suponía, podía estar la patota criminal. Los encontró, le avisó a la brigada y, hace unos días, uno de los homicidas fue condenado a 15 años de prisión: "Cumplí como madre; yo misma decidí salir a buscar a los delincuentes", dijo, orgullosa, al conocer el fallo. Y recomendó: "Otras mamás tienen que hacer lo mismo".
La historia de Josefina Medina, lejos de ser una rareza o un hecho aislado, forma parte de un movimiento social que registra ya una importante tradición en la Argentina: el de las madres que, ya sea en forma individual o colectiva, buscan Justicia.
Mujeres cuyos hijos fueron víctimas de la violencia social o política. Mujeres -la mayoría sin activismo político previo a sus tragedias individuales- que lograron convertir su dolor privado en un hecho social. Mujeres sencillas que desafían a la Justicia formal. Y que, al decidir tomar la causa en sus manos, van revelando la falta de voluntad o de eficacia de los poderes públicos a la hora de esclarecer los crímenes que impactaron en sus vidas privadas.
No sólo eso: muchas de las batallas que emprendieron estas madres dejaron al desnudo las falencias -y a veces la total ausencia- de políticas públicas destinadas a atender la nueva agenda de derechos humanos, integrada por los delitos contra la integridad sexual, las adicciones, la trata, la inseguridad o el gatillo fácil, entre otros nuevos debates.
Debates cuya agenda hoy está en manos de las Madres del Dolor, Madres contra el Paco, Madres por la Vida, la Red de Madres y Familiares de Víctimas de las Drogas (nucleadas en demanda de políticas públicas capaces de contener el consumo de drogas de sus hijos), la Fundación María de los Ángeles, que denuncia y combate la trata, motorizada por el caso de Marita Verón; la Asociación de Madres y Familiares de Víctimas (Mafavi), la Asociación de Víctimas de la Impunidad sin Esclarecer (Avise), la Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi), entre otras organizaciones civiles que se conformaron en la última década.
En los noventa, Ada Morales, la mamá de María Soledad, se convirtió en un emblema de época contra la impunidad, tanto que su reclamo por Justicia terminó con la dinastía de los Saadi, en Catamarca.
Claro que el embrión de modelo "madres que luchan" hay que ir a buscarlo indudablemente a los setenta, con la valiente estrategia desplegada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para denunciar las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura, y sus consecuentes pedidos de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado.
Tal como apunta Martín Bohmer, investigador asociado del Programa de Justicia y Transparencia de CIPPEC, "es claro que la repetición de las apariciones de madres está vinculada con la historia de las Madres de la Plaza y con esa fuerza retórica del reclamo imparcial, desde el amor: ´No importa lo que hizo, yo lo defiendo porque es mi hijo, mi hija, y ustedes no pueden negarle sus derechos´."
Para este investigador, no es casual que otras madres, con otras organizaciones que detectan violaciones de derechos, estratégicamente utilicen los tribunales y las marchas como hacían, en los setenta, las Madres.
Pero ¿qué consecuencias sociales y políticas tiene, en la práctica, el activismo social de estas mujeres que, desde su rol más tradicional y atávico, muchas veces lograron conmover al statu quo, sancionar leyes, destituir jueces corruptos o encandilar a los partidos, siempre en busca de caras nuevas para oxigenar la política?
¿Encarnan estas nuevas madres -sobre todo las que se institucionalizaron en ONGS, durante la última década- demandas de una agenda contemporánea de derechos humanos?
En una palabra, ¿podrían sus reclamos -y el producto político de ellos- ir produciendo cambios sociales, más lentos, quizá, pero estables en el tiempo, tal como afirman algunos analistas e investigadores?
Nuevas madres, nuevas agendas
"Antes, nadie hablaba abiertamente de violaciones, ni de una política para asistir a víctimas de delitos sexuales; fuimos las madres de las víctimas quienes instalamos esta discusión en la agenda", interpreta Isabel Yaconis, de Madres del Dolor y mamá de Lucila, la adolescente asesinada en 2003 en un intento de violación en el barrio de Núñez.
La creación de un registro nacional de ADN para la prevención de delitos sexuales es uno de los debates a los que se refiere Yaconis. En la misma línea, María Elena Leuzzi, presidenta de Avivi, adjudica al activismo social la creación de un registro de violadores en la Provincia de Buenos Aires, que permite a los jueces y abogados obtener los archivos con los datos personales de todos los abusadores y violadores con sentencia judicial firme, además de la creación de un banco de datos de ADN donde se asientan los resultados de estudios genéticos que se realizan en las investigaciones penales.
También el macrismo está impulsando en la ciudad la implementación de un registro de huellas genéticas no codificante, para prevenir y ayudar a esclarecer delitos sexuales, casos de desaparición y trata de personas. La mamá de Lucila, que hace siete años ni soñaba que alguna vez podría llegar a hablar en un parlamento, hizo recientemente una exposición en la Legislatura en demanda de la creación de este registro.
"También fue importante la creación de más comisarías de la Mujer, que es fundamental cuando llegamos acompañando a una chica violada. Antes también pasaba que, si el ataque era a las 9 de la noche, no había retrovirales [antídotos contra el HIV] en el hospital, así que insistimos para que estén disponibles las 24 horas", apunta Leuzzi, refiriéndose ahora a la Provincia de Buenos, donde funciona su ONG, Avivi, que instaló en su propia casa, en Virreyes .
Vivian Perrone es la presidenta de la asociación civil Madres del Dolor. Es la mamá de Kevin Sedano, un chico que fue atropellado en la zona Norte por un conductor que lo dejó tirado en la calle. Perrone, junto con sus compañeras, empujó la ley que convierte a las picadas en un delito penal. En su momento fue presentada por la diputada Paola Spátola, en 2009. Y ahora va por otra iniciativa directamente relacionada con la suerte de su hijo (y, por supuesto, la de muchas otras personas víctimas de la inseguridad vial): aumentar la pena del conductor que atropella y se fuga.
"Porque hoy es lo mismo atropellar a alguien y quedarse que huir. La figura legal es ´fuga´, no abandono de persona", explica.
En general, las madres a cargo de la nueva agenda no tenían experiencia política previa, sino que se fueron formando como activistas o líderes sociales en la lucha misma.
Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, la chica secuestrada en Tucumán por una red de trata, es probablemente la más conocida de todas. Entre otras cosas, ganó popularidad con la telenovela "Vidas Robadas", protagonizada por Soledad Silveyra en la ficción.
A la mamá de Marita probablemente le haya tocado enfrentar "a la mafia más cruel", como ella misma dice. "Yo aprendí peleando y luchando porque siento que lo que Dios me puso en el camino, lo tengo que enfrentar". Otras, sin embargo, no son tan fuertes y literalmente se mueren de tristeza, en plena batalla. Sucedió este año con la mamá de Fernanda Aguirre, también víctima de la trata. María Inés Cabrol falleció de cáncer a los 46 años.
Paradójicamente, Trimarco ha logrado metas muy significativas en su camino: la más importante, sin duda, es que se haga visible el complejo delito de la trata.
En su cruzada, y como si fuera poco, liberó a decenas de víctimas cuando participaba en los allanamientos de prostíbulos. La fuerza de su causa destituyó a dos jueces, sospechados de lazos con los barones de la trata. Lo mismo sucedió con Rosa Bru, mamá de Miguel, el estudiante de periodismo que murió torturado por policías a principios de los 90. Al juez Amílcar Varan lo destituyeron por encubrimiento.
Algunas de las ONG reciben subsidios -muchas otras, no , y son financiadas exclusivamente por familiares de las víctimas-, y esos fondos estatales, nacionales o locales suelen reclamar fidelidades políticas. Esas fidelidades dispares provocaron y provocan algunas divisiones y cuestionamientos cruzados entre las madres.
Gloria Martínez, de la Red de Madres y Familiares Víctimas de las Drogas, dice sobre este espinoso punto de conflicto: "Como todo en la vida, los recursos que recibas no pueden hacerte perder los principios y los objetivos; sin embargo, hay compañeras que los pierden".
Rita Díaz, de la Asociación Civil Hay Esperanza, y Alicia Romero, de Madres contra el Paco, son las otras dos figuras importantes que trabajan en el terreno de las adicciones, empujadas por el consumo de sus hijos.
La realidad es, también, que estas madres son muy buscadas por la política partidaria, siempre necesitada de "caras nuevas" y buena imagen. Así, a Marta Canillas, la mamá de Juan Manuel, víctima del primer secuestro extorsivo seguido de muerte, el macrismo le ofreció una candidatura, aunque sin éxito. Lo mismo sucedió con Trimarco, pero por parte del kirchnerismo. También se negó, si bien tiene buenos lazos con los K. "Siento que meterme en política no es bueno para mí", dice.
Otras madres sí se sumaron a la actividad político, básicamente como funcionarias. Algunas ocupan u ocuparon cargos en el programa nacional anti-impunidad, como Rosa Bru, Miriam Medina (mamá de Sebastián Bordón), Raquel Wittis o Dolores Demonty.
María De Negri, que antes integraba la ONG Madres del Dolor, hoy ocupa un cargo público en el Renar: su hijo, Leandro, había muerto baleado en la puerta de su casa.
Hebe de Bonafini acaba de lanzar "Las Cristinas", una agrupación política alineada con el kirchnerismo y en apoyo a la reelección de Néstor o Cristina. Estela Carlotto, desde Abuelas, también apareció muchas veces compartiendo tribuna con la Presidenta y su esposo.
n tanto, desde el macrismo, le ofrecieron a Leuzzi, presidenta de Avivi, un cargo en la función pública, desde donde asiste a víctimas de abusos.
Pero, ¿suma o resta el pase a la política? Las opiniones están divididas, aun entre las propias protagonistas.
La doctora en Ciencias Sociales Graciela Di Marco responde: "Para algunas madres, aceptar un cargo es insertarse en lo público desde otro lugar, impensado antes de sus tragedias personales. Por otra parte, no es menor afirmar que sólo algunos objetivos se logran desde el Estado; por eso, a priori, el pase a la política no es negativo, ni positivo. Lo importante es observar si cuando llegan a algún cargo se desactivan o se activan sus demandas".
Pero Di Marco -a cargo del Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos de la Universidad de San Martín- hace una aclaración puntual: "En el caso específico de las Madres de Plaza de Mayo, por la universalidad de sus demandas, sería deseable su independencia de (los) partidos y gobiernos".
La politóloga Matilde Ollier está convencida de que hay una clave política relevante escondida en este nuevo movimiento social, y es que, cada madre que adquiere notoriedad está invitando a las otras a hacer lo mismo. "Y hoy ya no son los paros y las huelgas los únicos motores del cambio, como sostiene la izquierda tradicional. Aquí se trata de transformaciones microsociales."
En una palabra, un cambio cocinado a fuego lento, pero tal vez más real.
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Los logros más importantes
- La instalación en el debate público de temas tales como el paco, la trata o el abuso sexual, y la creación de ONG específicas, dedicadas a la atención de estas temáticas.
- La multiplicación de las denuncias por violación. Como dice María Elena Leuzzi, funcionaria porteña y presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Violaciones (Avivi), "no es que haya más violaciones; hay una mayor sensibilidad". Su ONG recibió 10.000 causas por violación.
- La creación de un registro de violadores en la Provincia de Buenos Aires y la discusión de un proyecto similar en la ciudad.
- La sanción de la ley de trata, que la convierte en un delito federal, y la creación, dentro de algunas policías provinciales, de un área dedicada a la atención específica de esta temática.
- La agilización de las internaciones para los chicos adictos por medio de Sedronar y el Senaf (menor y familia).
- El impulso de los Juicios por la Verdad y la Justicia en las causas por violaciones a los derechos humanos, durante la última dictadura.
